Por años, por décadas, quizás por generaciones, escuchamos y repetimos que Chile era el único país del mundo donde los textos jurídicos se voceaban y vendían en las calles. Como si este fuera país de abogados, antes que país de poetas. Probablemente nunca fuimos ni una cosa ni otra, y hoy, si algo somos, herencia de las últimas décadas, es un país de ingenieros comerciales, de ingenieros y de esa raza de vendedores de alguna cosa que se hacen llamar ejecutivos de venta.
Chile es generoso en inventos inútiles que terminan haciéndose necesarios. Pero también es generoso en ingenio, esa chispeza de la que habló Gary Medel y que fue capaz de leer un deseo y una necesidad latentes: el ciudadano de a pie quería leer en papel la propuesta de nueva Constitución, aun cuando no estuviera lista, aun cuando esa versión en borrador estuviera disponible libremente en formato digital. De modo tal que ese mercado de ingenieros sin título que conforman el mercado de los libros piratas echó a andar las máquinas y en tiempo récord lanzó a la calle miles de ejemplares. Y un mes antes de que la Convención concluyera su trabajo, las calles y los quioscos del país se llenaron de copias del borrador de la propuesta de Constitución que se tradujeron en un éxito editorial.
El mercado editorial formal estaba advertido. Había ahí un fenómeno, un negocio próspero, un nuevo Harry Potter, un fetiche de temporada.
Esencialmente, un éxito de cuneta al que honestamente, con la mano en el corazón, aspira cualquier escritor con un mínimo de orgullo y amor propio.
El mercado editorial formal estaba advertido. Había ahí un fenómeno y por tanto un negocio próspero. Un nuevo Harry Potter: el libro que había que tener y leer, un fetiche de temporada, como ese juguete de moda que es demandado con tiranía por los niños en Navidad. Así las cosas, el mismo día que la Convención hizo entrega de la propuesta de Constitución Política al presidente Gabriel Boric, LOM Ediciones sacaba a la venta una primera partida de mil copias que se vendieron en las mismas oficinas de la editorial a un precio asequible: $ 3,500 (3,5 dólares), lo que se paga en promedio por un schop de medio litro. Hubo largas filas durante gran parte de ese día y de los que siguieron, a las puertas de la editorial. Y a finales de esa semana, la primera de julio, la misma editorial reimprimió dos nuevas partidas de nueve mil ejemplares adicionales que comenzaron a ser distribuidos en librerías.
En editorial Pehuén hicieron lo propio esta semana, proponiendo una portada alternativa. La Biblioteca Pública Digital dispuso una copia que ya suma más descargas que cualquier otro libro en el año. Y en Arica, una empresa gráfica lanzó tres versiones impresas a precios económicos: una de bolsillo, una en tamaño carta y una de lujo, de tapa dura. En paralelo, contra el tiempo, un colectivo reunió cien voluntarios para la lectura en audiolibro de la Constitución, que desde el 10 de julio suma 27.591 visualizaciones en YouTube. En esa misma fecha, el podcast más escuchado en Spotify en Chile era la lectura de la Constitución realizada por el periodista Sergio Campos para radio Cooperativa.
Ya vemos, es un fenómeno de masas. Y es muy probable que la que se promociona en su portada como la propuesta de Constitución Política de la República de Chile 2022 salte a las listas de los libros más vendidos en los próximos días, del mismo modo en que lo hizo la Constitución vigente, casi tres años atrás, a poco de iniciado el estallido social. En ese entonces, como ahora, se imprimieron miles de copias que se vendían en calles y librerías. Aún no se avizoraba una Convención Constitucional, pero estaba claro que gran parte de las trabas para una sociedad más equitativa y democrática pasaban por ese texto heredado por la dictadura al que era necesario conocer para dejar atrás.
Por el contrario, la idea ahora es saber lo que ofrece el futuro, lo que está en juego: seguir en ese pozo o iniciar un camino para salir una buena vez de él.
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Para esa última ceremonia, que marcó su cierre y disolución, la Convención había gestionado la impresión de los primeros mil ejemplares de la nueva Constitución en una suerte de caja de colección, como si fuera la edición conmemorativa de un disco clásico. Un poco era eso: una pieza para la historia que fue distribuida entre los asistentes a la ceremonia y cobraba más valor si tenía la firma autografiada de los constituyentes. Pero esa mañana de 4 de julio, la firma más demandada fue la del secretario de la Convención, John Smok Kazazian, abogado de la Cámara de Diputados y Diputadas que resultó fundamental para organizar el trabajo, seguida de la firma de quienes presidieron la Convención. A fin de cuentas, el proceso constitucional deriva en algo de memorabilia. Después de todo lo vivido, después de una dictadura, de treinta años de transición y de un estallido social, la propuesta de Constitución en papel es como esos libros objeto que se gozan por su sola pertenencia. Un objeto para atesorar.
De aprobarse, esas firmas estampadas sobre la primera edición del texto podrían ser históricas y, quizás, con los años, transables en alguna librería de segunda mano; de lo contrario, no pasará de ser un anecdotario que se devaluará con el tiempo, como el autógrafo de un cantante sin éxitos radiales, ese que que jamás trascendió de su pueblo.
¿Qué ofrece el futuro? Lo que está en juego: seguir en un pozo o iniciar un camino de salida.
En el entusiasmo inicial, antes de que el simulacro de Rodrigo Rojas Vade saliera a la luz y enturbiara el prestigio de la Convención, alguien había fantaseado por redes sociales con la posibilidad de un álbum coleccionable con las figuritas de los 155 convencionales. Así estaban las cosas al comienzo: un romance sobre ruedas, con el viento electoral a favor. Luego todo se complicó y entró a un terreno pantanoso. La lucha de la Convención no sólo estuvo en sacar una constitución de derechos, con paridad y reconocimiento de pueblos indígenas, sino también en hacer frente a las pugnas de las izquierdas, al empeño de los convencionales de ultraderecha por desprestigiar el proceso, al ruido de las redes sociales y los medios de derecha, a la opinión vociferante, destemplada, que se abre paso a codazos. La lucha estaba en despejar lo accesorio de la fundamental, en mostrar los logros, los avances, las propuestas en limpio. Ni más ni menos, en que se conociera y ojalá se leyera la propuesta definitiva de nueva Constitución.
Ese fue precisamente el fundamento de la Convención para imprimir 400 mil copias con un resumen de los 10 pilares fundamentales de la propuesta, una suerte de guía práctica que se distribuyó un mes antes de la entrega del texto definitivo y que pretendió acercar parte del contenido esencial a la ciudadanía, con “un lenguaje claro y simple”, lejos del lenguaje leguleyesco. Y ahora que el texto está entregado, la misma Convención reservó fondos para que el gobierno, por medio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, imprimiera 900 mil ejemplares del nuevo texto. Serán distribuidos gratuitamente y el anuncio ha despertado controversias entre opositores, que han alegado despilfarro, atentado a la ecología, desmesura.
El punto, sin embargo, parece ser otro.
Las iniciativas de difusión al texto completo han corrido por parte de quienes están a favor de aprobar la nueva Constitución. Quienes se oponen apuestan por el descrédito, si es que no por la distorsión o el conocimiento parcial de la propuesta. Se habla de la existencia de una edición apócrifa, edición que hasta ahora nadie parece haber tenido en sus manos. Se habla de que La wevá es mala, punto, como se lee en afiches callejeros. Se habla del mamarracho. Tratándose de una constitución que pretende descolonizar prácticas, normas e instituciones, este último es un mote, cuanto más, atrevido, toda vez que ese fue precisamente el nombre que recibieron obras coloniales y de comienzos de la República chilena, cuando a fines del siglo XIX un movimiento de críticos y pintores sacó de circulación pinturas que no representaban la modernidad del nuevo Chile que se avecinaba. Los mamarrachos eran entonces obras del pasado, del antiguo régimen, de un oscurantismo destinado a los sótanos, como esa Constitución que se quiere dejar atrás.
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El resultado de la nueva propuesta de Constitución no sólo fue una disputa política de fondo, sino también de forma y de estilos de lenguaje con un trasfondo ideológico. Esta última disputa se libró más claramente a partir de la tercera sesión de la Comisión de Armonización, celebrada el martes 3 de mayo en Calama, cuando la lingüista y doctora en Filología española Claudia Poblete presentó una serie de propuestas de mejoras formales al borrador, trabajadas junto a la Secretaría Técnica de la Convención. Las propuestas se organizaron en tres capas: gramaticales y ortográficas, de estilo de redacción, y de aspectos lingüísticos en favor de la claridad.
Esta disputa, que queda de manifiesto al comparar el borrador con el texto definitivo, se dio principalmente al interior de la izquierda. Que si palabras como naturaleza, pueblo o república debían ir en alta o en baja. Que si era necesario o no duplicar masculinos y femeninos en cargos y sustantivos, en favor del lenguaje inclusivo, o bien, si era mejor ahorrarse expresiones en favor de la economía del lenguaje y la claridad. Que si era mejor un coma, un punto y coma o un punto seguido. O por qué no un punto aparte en lugar de un punto seguido. ¿Vamos a atender a ojos cerrados lo que dicen la RAE y la Academias de la Lengua? ¿Que acaso el lenguaje no avanza a un ritmo distinto al de la academia?
Los tiras y aflojas del proceso de edición, que en la gran mayoría de los textos no se conocen y arrastran rencores y heridas al ego, en este caso quedaron en actas, como una prueba de que lo que está en juego ya no es el estilo de un texto, sino el modo de escribir en una sociedad en proceso de ruptura y cambio.
Como se lee en las actas de esas sesiones de comienzos de mayo, buena parte del tiempo se gastó en discutir sobre altas y bajas. La experta en lingüística resumió así el problema en cuestión:
“El texto está lleno de mayúsculas… (y es) un mito que las mayúsculas le den importancia a lo que representan. Esto no es así. La lengua dispone de otros elementos para destacar elementos, y este no es uno de ellos”.
Ante esto, el convencional Jiménez hizo saber que “no es baladí cambiar de mayúscula a minúscula”, ya que “nosotros estamos reconociendo una Naturaleza como titular de derechos”. El convencional Daza apoyó a su colega Jiménez, en el propósito de “relevar ciertos conceptos”, lo mismo que las convencionales Royo y Sepúlveda: para ambas, la naturaleza era un sujeto y, por tanto, debía ir así, tal como estaba en el borrador: Naturaleza. El convencional Cruz fue más allá y puso un punto afectivo: “Debo reconocer que me gusta Estado Regional con mayúsculas (ambas), pero por una cuestión visceral, más que por una cohesión gramatical”. Viera, en tanto, apeló a la economía: “En principio, a mí me simpatiza la idea de que mientras menos mayúsculas, tanto mejor”. Y Atria, en un intento por ir cerrando el debate, apoyó el criterio de la experta: “Creo que si uno mezcla la cuestión de las mayúsculas con la cuestión de la relevancia o la importancia, nos metemos en un berenjenal, si me permiten la expresión, del cual va a ser difícil salir”.
Quienes se oponen apuestan por el descrédito. Dicen La wevá es mala, punto, como se lee en afiches callejeros.
Salir. Salir de una buena vez de la discusión. Esa fue la propuesta de la convencional Montealegre: “Ya llevamos más de una hora debatiendo si tenemos que poner o no mayúsculas. Me imagino lo que sucederá, entonces, cuando llegue la discusión acerca de qué tamaño de letra se utilizará en el texto o qué tipo de letra se ocupará. Estaremos días discutiéndolo. Esta actitud de no querer escuchar a los expertos es preocupante”.
Por cierto, hubo lugar a la discusión sobre el tipo de letras, su tamaño, la extensión del texto. Pero antes, el convencional Viera entró al debate de la puntuación:
“Me formé en la década de los ochenta, y por tanto, el uso del punto y coma era en párrafos que no separaban a otro párrafo, pero la separación de atribuciones o ideas iba con comas… Debo confesarle que esto ha provocado un gran dolor en mi corazón”.
En respuesta, como si estuviera en la introducción de una clase de primer año, la experta partió por explicar algo que puede parecer elemental, pero que no lo es tanto. “El segundo mito es pensar que la puntuación responde a criterios de pausas a la oralidad, es decir, si respiro un segundo, pongo una coma; si respiro dos segundos, pongo punto y coma; y si respiro tres segundos, pongo punto seguido (...) La verdad es que siempre explico que el punto y coma tiene una triste existencia, porque es en subsidio de la coma, pero me permite ordenar el texto para que se entienda cuál es la jerarquía, en relación con el texto”.
A modo de cierre, la experta aconsejó que el texto fuera en tipo Arial o Calibri, y no en Times New Roman como estaba en el borrador, atendiendo a los estudios de accesibilidad cognitiva. Y sobre el tamaño de la letra, propuso 12 o un tamaño mayor, en consideración a lectores por sobre los 45 años.
Quién quisiera irse de vacaciones con una constitución bajo el brazo. Es que este texto, por su origen y su factura, cobra un valor muy distinto.
Al final, en la edición definitiva, se usó una tipografía única, diseñada especialmente por encargo de la Comisión de Comunicaciones de la Convención, que de acuerdo con una persona que conoció el trabajo de esta, “buscaba una tipografía con sello propio y personalidad única, que impidiera ser copiada o suplantada”. Bautizada Convención FJ, en alusión a su creador, el diseñador Franco Jonás, la idea de la exclusividad obedeció entonces, más que un lujo, al propósito de evitar que fuera utilizada en un texto falso. Pero por un asunto de economía del tiempo, más que por una convicción de quienes se resistían a los cambios estilísticos, se aceptaron la mayoría de las propuestas de cambios de puntuación, estilo y lingüística de la experta.
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Al abrir el texto de la edición definitiva nos encontramos con una frase corta, a modo de preámbulo:
Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.
Hubo tres párrafos adicionales, propuestos por la Comisión de Preámbulo, que fueron rechazados en el pleno en junio, a poco del cierre de la Convención. Se descartó así cualquier alusión al estallido social o algún epígrafe con una cita de Neruda, Parra o Mistral, como alguna vez propuso el convencional Squella.
La propuesta de nueva Constitución Política de la República de Chile es un texto jurídico, normativo, algo en apariencia nada más reñido con el placer de la lectura. Quién quisiera irse de vacaciones con una constitución bajo el brazo. Pero considerando el origen y su factura, considerando lo que está juego, ese texto cobra un valor muy distinto. Es un fetiche coleccionable, a la vez que el resultado de un proceso doloroso y épico que comenzó el 18 de octubre de 2019, sino mucho antes; un libro coral, de autoría colectiva, la más coral de las constituciones que se hayan escrito en Chile; ese libro es una esperanza de futuro, un punto de partida de algo nuevo, una camino para comenzar a transitar, una oportunidad de equivocarse y de saldar una deuda, de arriesgarse y probar, acaso, en parte, es también un salto a la literatura.
Imágenes: gentileza Museo Abierto