La primera vez, llegó de la mano de Jaime Guzmán. Aún era estudiante de Derecho en la Universidad Católica, y junto a su mentor se adentraron por kilómetros entre bosques de espinos y zarzamoras, el paisaje verde de la Región del Maule. Iban a un recinto rodeado de secretismo, administrado por migrantes alemanes que se hacían llamar “colonos”.
Eso fue a finales de los sesenta. Durante los años siguientes, Hernán Larraín, el actual consejero experto designado por el Senado en cupo de la UDI, se volvería uno de los principales defensores de la Colonia Dignidad, la que conoció esa tarde gracias a Guzmán y que en la dictadura funcionó como lugar de detenciones, violaciones, torturas y asesinatos.
Hay imágenes de 1996 en las que se le ve en calidad de senador hablándole a los habitantes de Dignidad desde un podio, cuando operativos policiales buscaban detener al líder de la comunidad, Paul Schäfer. Les decía: “Queridas amigas y amigos, integrantes de Villa Baviera, se ha utilizado violencia innecesaria, se ha amedrentado a personas que tienen derecho a vivir en paz y el respeto a su dignidad como tales. Todo ello por una denuncia de un menor que se ha formulado en contra de un anciano de ochenta años y que además sufre la pérdida parcial de la visión”.
Veintidós años más tarde asumiría como Ministro de Justicia y Derechos Humanos durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y en marzo de 2022, como parte del Comité de Expertos que dará las primeras bases en la discusión de una nueva constitución.
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Para el historiador y académico de la UDP, Claudio Barrientos, la contradicción es el principal concepto para entender el papel de Hernán Larraín en la escena política. “Él concentra las paradojas de la transición, representa enclaves autoritarios o dictatoriales dentro de nuestras nuevas instituciones democráticas dándonos cuenta que, en realidad, no hemos superado esta etapa”.
Larraín aunó su carrera académica en la Universidad Católica y su adhesión fervorosa al proyecto que construía Guzmán al alero de la dictadura.
“La derecha, desde el proceso de institucionalización de la dictadura, ha tenido una habilidad muy grande para irse renovando y para ir ganando espacios de legitimación. Él es precisamente parte de ese proceso, y dentro de eso, representa la facción más pura que nos queda del proceso dictatorial”, asegura Barrientos.
Larraín, de acuerdo con el historiador, “viene de una familia conservadora y tradicional. Él es parte de una renovación de las elites jóvenes de derecha en nuestro país y en América Latina. Son sectores profundamente católicos vinculados a procesos de renovación conservadora que van a impulsar la creación de los principales partidos de derecha en las dictaduras del continente”. Uno de esos movimientos fue el gremialismo, liderado por Jaime Guzmán; y uno de esos partidos fue la UDI, a la que Larraín entró a militar después del asesinato del líder gremialista en 1991.
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Durante la dictadura, Larraín forjó, desde su papel como civil, un perfil de dos facetas: la técnica y la ideológica. Así, aunó su carrera académica en la Universidad Católica y su adhesión fervorosa al proyecto que construía Guzmán al alero de la dictadura.
“Es el mismo modelo de Jaime Guzmán -asegura Barrientos-. No son la cara visible de ningún movimiento paramilitar o de confrontación, pero sí son parte de la construcción de redes políticas y espacios de poder que van a ser centrales en la proyección de la dictadura hacia la transición democrática.”
“Larraín no ocupó grandes cargos en la dictadura, salvo en el CNTV. Pero, sin duda, estamos hablando de alguien que refleja las últimas líneas de esa derecha que tan bien quedó representada en la UDI”, asegura el historiador y académico de la Universidad Católica, Rodrigo Mayorga. Agrega que lejos de ser un caso puntual de un vestigio dictatorial en el establecimiento de la democracia, “refleja muy bien cuál fue la estructura de la transición, que fue democrática pero pactada, y que tuvo mucho que ver con el poder que todavía mantuvo Pinochet y el mundo militar”.
La defensa de Larraín al proyecto de Paul Schäfer es donde Barrientos ve una fisura en el personaje respecto de los actuales dirigentes conservadores. “Ahí está el aspecto más visible de su vínculo con la dictadura”. Sin embargo, convive con quienes lideran la UDI, como el senador Javier Macaya o la secretaria general María José Hoffmann.
Pero hay una diferencia fundamental.
“Macaya y Hoffmann son parte de la renovación de la derecha, pero no tienen el peso intelectual y académico de Larraín”, comenta el historiador. Y desde ahí, desde su rol de ideólogo, mantiene su papel de estratega que ha ocupado desde que entró al Congreso, en 1994: conoce perfecto los pasadizos de la constitución que ideó su mentor.
“Gente como Larraín ha sido extremadamente hábil en el manejo jurídico de la estructura que dejó la Constitución del 80 y se han valido para obstaculizar las investigaciones y defender a los responsables de las violaciones a los DD.HH durante la dictadura”, apunta Barrientos, y asegura que el abogado continuará en esa misión que comenzó con Guzmán en los sesenta.
Algo de eso se vio en la primera disputa que tuvo la oposición contra el oficialismo en la Comisión de Expertos, cuando ambos bandos se enfrentaron en torno a la inclusión de un capítulo especial para las Fuerzas Armadas en el texto. Desde la centroizquierda al PC rechazaban la idea, mientras la derecha se mostró a favor. Dijo Larraín: “Se trata de instituciones que han cobrado cada vez más relevancia. El mundo de las Fuerzas Armadas no está sólo circunscrito a los temas tradicionales, sino que también a su rol en la sociedad y, por lo tanto, es una institución que debe tener un trato a nivel constitucional y puede ser un capítulo la mejor forma de resolverlo”. Finalmente, la propuesta fue rechazada.
Es la contradicción de Larraín: la defensa ideológica de la dictadura, pero usando los nuevos espacios que va abriendo la democracia.