Es un momento muy complejo para la migración en Chile. Por una parte, porque una crisis humanitaria afecta a quienes escapan a la vulneración de derechos en sus países y también a quienes quieren dejar nuestro suelo y no pueden. Por otra, porque la respuesta estatal es represiva y neosecuritista.
La ley 21.325 sobre migración y extranjería es nueva pero no moderna. No logra atender los flujos migratorios forzados con diferentes respuestas. Entre otras objeciones, no contiene un visado general por razones humanitarias, supedita la protección complementaria a una Política Nacional Migratoria (a la fecha, inexistente) y no contempla un visado para búsqueda de oportunidades laborales que permitiría hacer frente a la realidad de miles de personas que, como cualquier ser humano adulto, buscan insertarse laboralmente.
A esto se suma una legislación de asilo que es bastante adecuada en términos teóricos pero que en la práctica se enfrenta a un actuar negligente por parte de la autoridad. Esta sin pudor pone trabas y más trabas a las personas que desean ingresar al reconocimiento de la condición de refugiado y, finalmente, a menos del 3% de las personas que solicitan dicha condición se les otorga. Este es un motivo central por el que las personas ingresan por pasos no habilitados al país: cuando las vías regulares para la migración no alcanzan, las personas que migran forzadamente tomarán cualquier otra alternativa que se les presente, pues lo que está en juego es la vida, la seguridad o la libertad.
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Estamos viviendo una situación sumamente compleja: cada día cerca de 200 personas migrantes – incluyendo niñas y niños- que intentan salir de nuestro país quedan varadas en el espacio entre la frontera de Chile y de Perú, en condiciones de habitabilidad y salud complejas y a quienes ninguna autoridad da una respuesta concreta. Se han reportado también agresiones y maltrato tanto físico como verbal. La situación es tan grave como lo son las razones que han llevado a estas personas a irse del país: seguir intentando una y otra vez la regularización migratoria sin obtener respuesta no es más que una serie de portazos de frente que algunas personas simplemente ya no pudieron seguir soportando.
A todo lo anterior se añade una profunda respuesta estatal represiva y neosecuritista. La mayoría de los poderes del Estado y los partidos políticos parecen alineados en un discurso público contrario a la migración, un discurso tan deshumanizado como populista. Más de una quincena de proyectos de ley se encuentran actualmente en tramitación y todos van en la línea de la criminalización de la migración y la restricción de derechos. Ejemplo de esto son las normas propuestas que buscan volver a penalizar el ingreso por un paso no habilitado al país (boletín 15.261-25); aquellas que pretenden asimilar la situación migratoria irregular al peligro de fuga para efectos de la prisión preventiva en el marco de la comisión de un delito penal (boletín 15.820-07 refundido con 15.822-07) y aquellas que pretenden transgredir normas del debido proceso con el único fin de poder, supuestamente, ejecutar rápidamente las medidas de expulsión del país (boletín 15.409-06).
Cuando las vías regulares para la migración no alcanzan, las personas que migran forzadamente tomarán cualquier otra alternativa que se les presente, pues lo que está en juego es la vida, la seguridad o la libertad.
Se requiere un análisis no tanto más profundo para visualizar que estamos retrocediendo 50 años en la comprensión de los flujos migratorios y su funcionamiento.
Querer penalizar el ingreso por un paso no habilitado es no entender las causas estructurales de la migración y el por qué se producen este tipo de tránsitos. En vez atacar las causas a través de la búsqueda de cooperación internacional e intentar proponer, a nivel nacional, alternativas normativas que promuevan el acceso efectivo a la regularidad migratoria, se opta por la opción más sencilla y popular: castigar al inmigrante, dotando la figura del extranjero de una carga social negativa.
Buscar la prisión preventiva para todo extranjero imputado de un delito solo por su situación migratoria irregular contraviene, de base, el principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico de igualdad y no discriminación. Además, sobrecarga los centros penitenciarios y la labor de gendarmería de Chile, en circunstancias en que no en todos los casos esta medida excepcional es necesaria.
Modificar un procedimiento administrativo sancionatorio de manera tal de que se realicen notificaciones por e-mail o se entiendan notificadas automáticamente en cierto momento no sólo da cuenta de la falta de criterio de quienes defienden el proyecto en relación a las brechas en temas de digitalización en la población, sino que además es un despropósito en tanto si la persona no es habida para la notificación, mal podría ser habida para ejecutar la medida de expulsión. Así, se sacrifica desmedida e injustamente el derecho a un debido proceso, del cual también son titulares las personas migrantes. El llamado es a mirar el fenómeno migratorio con un criterio de realidad, humanizado y conforme al respeto irrestricto que el Estado debe dar a los derechos de todas las personas. La migración no se va a detener, y las medidas y proyectos de ley como los señalados no hacen más que exacerbar la discriminación, el racismo y la xenofobia.