La crisis actual de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres), se explica en un fallo de la Corte Suprema para devolver cobros excesivos aplicados a los (as) usuarios (as). Además, la aplicación de una tabla única de factores para eliminar la discriminación por sexo y limitar los aumentos de precios por edad. Es decir, el poder judicial determina que el sistema de salud previsional privado ejerce una discriminación que debe ser eliminada o restringida según el caso, y fija la justa devolución de cobros indebidos. El negocio de las Isapres, por tanto, fija su sostenibilidad en su capacidad discriminatoria de fijar tarifas selectivas, y al aplicar principios de justicia social, el modelo se resquebraja hasta enfrentar una crisis que mantiene en incertidumbre a sus afiliados(as).
La creación de las Isapres se decreta en 1981, y su marco jurídico reposa en la Constitución de 1980, que en su artículo 19 determina la libre elección individual de un sistema de salud estatal o privado. Esto fue parte de una política neoliberal que, vista en términos simples, buscaba reducir la participación del Estado en la provisión y garantía de beneficios sociales para disminuir el gasto fiscal, entregando a privados y a las leyes de mercado el acceso a derechos como la salud. Con esta gestión pública, se privatiza y mercantiliza gran parte de los servicios que se encargaban de sectores fundamentales de la seguridad social y bienestar de los ciudadanos tales como: salud, vivienda, educación y pensiones. La consecuencia de estas medidas, implican un proceso de segregación social entre quienes accedían, supuestamente a prestaciones sociales de primera clase, frente a quienes por su condición de clase y vulnerabilidad debían atenderse en un sistema público cada vez más desfinanciado y precarizado.
La reestructuración del sistema de protección social en Chile introduce la liberalización de la seguridad social como una esfera competente dentro del mercado, desconociendo principios de universalidad y priorizando la selectividad en sus beneficiarios. Esta gestión de la seguridad social supone no sólo una distinción entre un servicio público poco eficiente, y un sistema privado de calidad a un alto costo monetario, sino que también se crean limitaciones para el acceso de los usuarios a contratar prestaciones de salud en instituciones privadas, basadas en tarifas y planes que discriminan por ingresos, enfermedades de base (pre-existencias), edad y género.
En estos últimos dos puntos se basa el fallo de la Corte Suprema. Y es que según un análisis estadístico de la Superintendencia de Salud, para el año 2021 la tasa de participación femenina era de -7,3 puntos porcentuales en las Isapres, esto sobre el entendido de que cuanto más cercana a cero sea la tasa, más igualitaria es la participación, entonces interpretando lo expuesto, la participación femenina dentro de las Isapres no solo es menor que la masculina, sino que además es discriminatoria. En el mismo documento de trabajo se explica que las mujeres en promedio, pese a tener una edad similar a la de los hombres, con menos cargas y con una renta promedio inferior, pagaban cotizaciones mucho más altas que estos.
La reestructuración del sistema de protección social en Chile introduce la liberalización de la seguridad social como una esfera competente dentro del mercado, desconociendo principios de universalidad y priorizando la selectividad en sus beneficiarios.
Lo anterior imposibilita acceder a la salud bajo condiciones de libre elección e igualdad para todos los usuarios y usuarias, en tanto la brecha de género existente constituye una barrera prácticamente insalvable, que no solo obstaculiza a las mujeres contratar planes de salud en Isapres y en el sistema privado en general, sino que una vez dentro les dificulta permanecer en el sistema, obligando a las mujeres a pagar planes con una tabla de factores que las singulariza como clientes riesgosos y poco rentables. El fallo de la Corte Suprema establece que esta discriminación arbitraria de género debe ser suprimida y ordena a las Isapres fijar una tabla única y limitar las alzas por edad aplicada a todos los usuarios a medida que envejecen dentro del sistema, volviéndose una carga financiera para las empresas privadas de salud. Eliminar estos criterios discriminatorios en la gestión de negocios de las Isapres, ha generado un desequilibrio entre las lógicas en que se ha basado su modelo de financiamiento y la sostenibilidad del sistema de salud privado.
Hemos visto en los medios como directivos de Isapres han sincerado las condiciones de funcionamiento del sistema, declarando que este modelo solo es sostenible en tanto sus usuarios(as) se mantengan sanos(as), sin hacer uso de las prestaciones por las que pagan una prima mensual que religiosamente se descuenta de sus salarios aportando constantemente capital a las empresas de la salud privada.
En la medida que la población ha ido envejeciendo y también como efecto de la pandemia, más personas han requerido hacer uso de sus seguros médicos e Isapres, lo que junto al reciente fallo de la Corte Suprema que ordena devolver los cobros indebidos y unilateralmente elevados de los costos en los planes de salud de las instituciones privadas, han evidenciado una política empresarial que no ha reinvertido las ganancias en mantener los costos de la salud privada a niveles competitivos y estas han actuado sin un esquema de negocios que les permita contar con capital de reserva para enfrentar crisis generadas como el congelamiento de los precios de los planes durante la pandemia y el fallo de la Corte Suprema que las tiene al borde de la quiebra.
Pensar en la posibilidad de que el Estado rescate las Isapres es la demostración de que el modelo económico heredado de la dictadura no funciona, pues tal cual fue diseñado tiene profundas contradicciones que confunden el rol subsidiario del Estado con el de financista y sostenedor de empresas privadas. El modelo neoliberal a la chilena se implementó en dictadura, sin contrapeso político, apoyado por el régimen con un Estado que modificó el sistema de salud, educación y bienestar social para que los ciudadanos aportaran el capital con que funcionarían y generarían riqueza las empresas de salud y previsión social. Hoy luego de la pandemia y el destape de los abusos cometidos por las Isapres por parte del más alto tribunal del país, el modelo parece colapsar.
A cincuenta años de los inicios de la dictadura y más de cuarenta de neoliberalismo, ¿seguiremos precarizando nuestra seguridad social y poniendo los intereses empresariales por sobre los ciudadanos en un concepto de Estado que solo ha producido desigualdad y crisis social y política? El Estado social y de derechos es parte de los bordes del nuevo proceso constitucional, es de esperar que este principio se respete para dejar atrás este escenario vergonzoso que nos presentan las Isapres en la actualidad.