La encuesta CERC-MORI interrogó la opinión de los chilenos sobre el Golpe de Estado de 1973 y su significación en el contexto de la conmemoración de los 50 años de este importante evento histórico. Los resultados revelaron que la imagen de Pinochet está experimentando una recuperación y que la opinión sobre el régimen se está suavizando. Un 36 % de los encuestados indicó que los militares “tenían razón para dar el golpe de Estado”. Además, tanto los jóvenes menores de 35 años como aquellos que vivieron la dictadura opinan que fue “en parte bueno y en parte malo”, en un 40 % y 51 % respectivamente.
Considerando el actual momento político post plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y los efectos de la aún cercana elección de Consejeros Constitucionales, los resultados de esta encuesta no sorprenden, pero resultan inquietantes y algo estremecedores, pues durante este año se han sucedido una serie de prácticas y narrativas de conmemoración de estos cincuenta años de historia reciente que nos han dado pistas sobre cómo los ciudadanos estamos significando las memorias del Golpe de Estado y la Dictadura.
El contexto de la crisis política y social más profunda de nuestra recuperada democracia, y el giro hacia la derecha en las preferencias políticas han hecho resurgir con fuerzas y nuevos bríos el “pinochetismo” y una tendencia a construir e instalar en la opinión pública una narrativa de “banalización del mal”, dicho en términos de Hannah Arendt. Entre algunos de estos sucesos podemos mencionar: la venta de una moneda conmemorativa por parte del Banco BCI, que hacía apología al “Golpe y a la dictadura”; una actividad organizada por la Fundación Futuro, que combinaba un tour de degustación de vinos con una visita al ex centro de torturas: Villa Grimaldi; las publicaciones del diputado Kaiser luciendo una polera que conmemoraba el “50 aniversario del derrocamiento de la dictadura comunista de Allende” (encima de todo, el comercio se llamaba “Tienda Facha”); o los espacios televisivos donde personajes como el argentino Nicolás Márquez promocionaron su libro “La Dictadura Comunista de Salvador Allende”.
Párrafo aparte exige la controversia en torno al consejero constitucional Luis Silva, quien ha captado incluso la atención del presidente durante sus reuniones en Brasil. Silva, perteneciente al bloque de extrema derecha, obtuvo la primera mayoría con más de 700.000 votos, lo que le otorga el poder de veto en este nuevo proceso constitucional, representando el 35% del total de votos. Sin embargo, al analizar cuidadosamente sus declaraciones, se debe aclarar por qué nos resultan tan problemáticas. Esto se debe principalmente a la posición pública que ocupa en el contexto histórico y cultural actual.
Siguiendo las ideas de Michel Foucault, podemos entender que la calidad de su discurso está relacionada con el conocimiento y el poder. Los discursos no son meras palabras, sino que establecen lo que se considera verdad y normalidad, definiendo los límites de lo que se puede decir y pensar. Por lo tanto, es sumamente preocupante que el académico admire a Pinochet con términos como "estadista", atribuyéndole gran conocimiento y experiencia en asuntos de Estado. Pues, esta perspectiva es condición de posibilidad para que se establezcan narrativas que ignora los hechos históricos que demuestran que el militar fue un dictador que derrocó un gobierno democráticamente elegido, violando los derechos humanos mediante bombardeos a La Moneda, medidas autoritarias, represión y el aniquilamiento de un sector específico de la población. Al engrandecer y validar a una figura que representa la tortura y la violación de nuestra sociedad, se perpetúa el sufrimiento y la injusticia.
Durante este año se han sucedido una serie de prácticas y narrativas de conmemoración de estos cincuenta años de historia reciente que nos han dado pistas sobre cómo los ciudadanos estamos significando las memorias del Golpe de Estado y la Dictadura.
Asimismo, más adelante se menciona una cita que ejemplificaría muy bien el problema de las narrativas negacionistas que han surgido durante el año. La frase en cuestión es: “ocurrieron cosas que él no podía no conocer (...) y que son atroces”. Precisamente el hecho de que se refiera a “cosas” en lugar de personas, minimiza e invisibiliza la realidad de aquellos que fueron perseguidos, exiliados, violados, asesinados e incluso desaparecidos. Estamos hablando de seres humanos reales, con vidas y sufrimientos, cuyas familias aún no han encontrado verdad ni justicia. No podemos reducir estos terribles actos a simples “cosas”.
Dado que, el problema de estos casos es que no solo reivindican la ocurrencia del Golpe de Estado y la dictadura, sino que además suprimen y tergiversan los consensos éticos y discursivos de la transición a la democracia sobre la naturaleza ilegítima del régimen pinochetista y las posturas que la sociedad chilena tomó frente a las violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1973 y 1990.
Todo esto nos ilustra cómo dentro de sectores conservadores y extremos de nuestra sociedad están construyéndose resignificaciones de nuestro último medio siglo de historia con giros que desplazan el uso de la palabra dictadura al periodo de la Unidad Popular y el experimento socialista chileno, sin consideración alguna por las visiones que la historiografía, las ciencias sociales y las organizaciones de derechos humanos han construido basadas en investigación y en sistematización de antecedentes en las Comisiones de Verdad, que contundentemente han probado los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el gobierno del General Pinochet en contra de la población civil.
En nuestro país más de 40.000 personas fueron víctimas del terrorismo de estado, y más de 3.000 fueron ejecutadas o desaparecieron. Aún hoy existen 1.469 víctimas de desaparición forzada cuyos restos no han sido encontrados y existen muy pocas pistas de su paradero, manteniendo abiertas una de las mayores heridas y deudas pendientes de la justicia transicional. Más aún, del total de víctimas un 12,5% eran mujeres que experimentaron violencia política sexual, pérdidas, interrupciones o llevar a término en condiciones muy precarias embarazos a manos de sus captores y torturadores. ¿Por qué con cifras tan impactantes en términos de vulneraciones de derechos humanos, nadie está impidiendo que se promueva la apología de estos crímenes? Este cuestionamiento nos lleva a reflexionar sobre si realmente se está prestando atención a las implicancias sociales de la verdad histórica y el valor de la memoria de las diferentes narrativas que se han construido sobre el golpe de estado y la dictadura.
Aquellos que tratan de justificar el terror y las desgracias acaecidas durante los 17 años de dictadura con el mito económico se empeñan en configurar una sociedad destinada a olvidar. No toman en cuenta puntos que cuestionan la validez del “milagro”, como los dichos de la columnista Noah Smith: “El crecimiento anualizado del PIB real per cápita para Chile bajo Pinochet (1973-1990) fue de 1,6%. El crecimiento anualizado del PIB real per cápita para Chile en los 17 años después de Pinochet (1990-2007) llegó a 4,36%. Pinochet está demasiado sobredimensionado”. Otros indicadores como la distribución desigual de la riqueza, el impacto social negativo, la dependencia económica y las violaciones a los derechos humanos son aspectos que no pueden ser ignorados al evaluar el legado económico del régimen.
El problema de estos casos es que no solo reivindican la ocurrencia del Golpe de Estado y la dictadura, sino que además suprimen y tergiversan los consensos éticos y discursivos de la transición a la democracia sobre la naturaleza ilegítima del régimen pinochetista.
La sociedad chilena necesita revisitar estos últimos cincuenta años de historia desde los distintos discursos y elementos que la explican, tratando buscar una forma de narrar el pasado en la que las distintas posiciones puedan encontrar un punto de encuentro en el que las piezas de este puzle histórico e ideológico que significa para todos y todas las chilenas haga sentido, sin que esto implique la imposición de una narrativa oficial, sino abrazar la complejidad y el conflicto latente que la Unidad Popular y el Golpe de Estado implican. Mal que mal, la historia reciente es aquella que, irresoluta y conflictivamente, aún es parte de nuestra experiencia histórica, del tiempo en que transcurren nuestras vidas (incluso para quienes nacimos décadas después de los eventos) y de los contextos en los cuales hacemos sentido de nuestras vidas. Es preciso no retroceder en los acuerdos que reparan en algo el dolor causado a una importante, sino mayoritaria porción de nuestra sociedad, como el consenso en torno a las violaciones a los derechos humanos y la necesidad de verdad y justicia.
Como ejemplo de este planteamiento, sugiero reparar en que la semana pasada miles de uruguayos de todos los espectros políticos participaron en una marcha silenciosa por la avenida principal de Montevideo para exigir verdad y justicia por los detenidos desaparecidos durante su última dictadura, levantando la consigna de “Nunca más terrorismo de Estado”. La marcha del silencio es un ritual social y colectivo que éticamente interpela a todos los sectores de Uruguay frente a una urgencia de cuidar la recuperada democracia como un sistema político que permite buscar justicia y verdad frente al pasado, pero además que instala la certeza de que como sociedad los y las uruguayas no quieren volver atrás. En Chile es necesario retomar las certezas éticas de que no queremos repetir de la dictadura y el terrorismo de estado y desde ahí buscar una forma de hacer sentido de nuestra historia reciente asumiendo el conflicto y las pasiones que esta despierta, pero con la certeza de que hay caminos que no queremos volver a tomar como resolución de nuestras disputas.
Los discursos negacionistas representan una amenaza considerable para la democracia, tanto en el presente como en el futuro. Propagan información falsa y distorsionada sobre hechos establecidos, generando desinformación y polarización en nuestra sociedad, que actualmente está altamente fragmentada. Socavan la confianza en las instituciones científicas, académicas y gubernamentales, debilitando así la base para la toma de decisiones informadas. Además, contribuyen a la radicalización de posturas extremas, como hemos sido testigos con el nuevo auge del pinochetismo.
Para hacer frente a esta amenaza, es crucial promover la alfabetización mediática, fortalecer la educación científica y fomentar la transparencia institucional. Debemos luchar por la urgencia de construir una memoria que no banalice ni olvide la sangre derramada de nuestro pueblo, y utilizarla como impulso para comprender mejor los problemas actuales y proyectar un futuro en el que la aniquilación no vuelva a ocurrir ni tenga agentes que la justifiquen. En este tipo de contextos, la memoria se convierte en una herramienta vital que debemos abrazar. La reflexión y el recuerdo son actividades políticas esenciales, ya que nos permiten comprender las encrucijadas de nuestra historia y asumirlas como propias, sin importar nuestra generación. Recordar y hacer memoria en los lugares donde solo hubo dolor y pérdida, darle voz a lo que fue silenciado y aterrorizado, es una defensa inquebrantable de la democracia y de nuestra memoria que siempre nos interpelará.
Y si de vos
me dijeran que no exististe,
les gritaría que me quedan,
tus ojos tristes,
tu caminar lento,
tu sonrisa apenas esbozada,
tu caricia leve,
y una espera,
una larga espera
de la que no volveremos
nunca,
o tal vez si …
(“Octubre, 1976” Ana María Ponce)