Toda elección o plebiscito trae desinformación. Es una relación que pareciera natural e inevitable, aunque en realidad esta confluencia está determinada por numerosos factores. Muchas de estas desinformaciones suelen mezclarse con opiniones o interpretaciones, lo cual puede generar confusión y complica la diferenciación entre un dato duro y un mensaje más subjetivo.
Durante la campaña de este segundo proceso constitucional da la impresión que la circulación de desinformación ha sido menos explícita, o quizás menor en su volumen. El poco interés en esta nueva votación ha sido proporcional a la circulación de este tipo de mensajes poco veraces, donde también podría influir el desgaste electoral colectivo.
Esta vez hay una particularidad. Ambos bandos se acusan entre sí de decir o publicar fake news, cuando en realidad, simplemente, están queriendo decir “no estoy de acuerdo” respecto de las interpretaciones y consecuencias futuras de la propuesta constitucional que se vota el próximo 17 de diciembre.
Hagamos un repaso breve: se considera como desinformación a todo mensaje sacado de contexto, omisiones importantes de información, manipulaciones o mensajes engañosos. Está presente tanto en el discurso público, como en el mundo digital: fotos manipuladas, videos fuera de contexto o totalmente falsos, memes, mensajes virales en cadena, y más.
Todo eso es materia de fact checking o verificación de datos, una metodología periodística -algunos debaten si es que es un género por sí solo- que se encarga de comprobar el apego a los datos de estas frases relevantes del discurso público, o ciertos contenidos digitales que sean contrastables y medibles en el presente.
“Chile tiene una de las tasas más bajas de homicidios de la región”, es verificable. Existen cifras oficiales (en Chile sería el Ministerio Público, la Subsecretaría de Prevención del Delito y las policías) y fuentes que realizan comparaciones regionales, como Insight Crime. Asimismo, se debe contactar a la persona que dijo la frase, a ver si quiere contarnos en qué documentos se basó.
Circula un video del entonces diputado Gabriel Boric mojado en el Parque Forestal. Usuarios de redes sociales aseguran que está borrado, cuando en realidad había sido increpado y funado por unos transeúntes, es chequeable. Se hacen algunas búsquedas inversas de fotogramas del video, o de palabras claves hasta llegar al registro original de 2019, y el chequeo ya está más o menos avanzado.
Donald Trump forcejeando con policías o el Papa Francisco con la llamativa chaqueta blanca, también es chequeable.
“Con este texto se podría derogar la ley de aborto en tres causales” no es verificable a manos del fact checking, por más que sea un escenario plausible.
Es comprobable en el tiempo, de todas maneras, y materia de análisis entre expertos constitucionales y analistas políticos. Pero la verificación de datos es una metodología que mide aquello que tiene cifras y datos duros para medir hoy. Las promesas, las opiniones, las proyecciones y predicciones no son material del fact checking, aunque sí puedan medirse en cuanto a su cumplimiento en el futuro.
Algunos recordarán el estudio Del dicho al Hecho, de Ciudadanía Inteligente. Año a año revisan el cumplimiento de los programas de gobierno, otorgando un porcentaje de avance en cada temática. Eso sí es una verificación de cumplimiento de promesas, pero no es fact checking.
Esta vez hay una particularidad. Ambos bandos se acusan entre sí de decir o publicar fake news, cuando en realidad, simplemente, están queriendo decir “no estoy de acuerdo” respecto de las interpretaciones y consecuencias futuras de la propuesta constitucional que se vota el próximo 17 de diciembre.
Ante esta marea de desinformación y confusión, la Unión Demócrata Independiente (UDI) hasta creó una página para que la ciudadanía denuncie las famosas fake news. Allí, se pueden ver distintas consignas y sus respectivas etiquetas: “Pone en riesgo las tres causales: FALSO”, “Los papitos corazón se saldrán con la suya: FALSO”. Para cada frase, se puede leer una especie de chequeo.
Algo similar hicieron desde el comando En Contra, también con una página web dedicada a sus propios desmentidos: “Es un texto anticorrupción: FALSO”, “Un texto que encierra criminales: FALSO”.
En ambos casos, utilizan un lenguaje y formas propias del periodismo de verificación, pero sin serlo. Esto solo empeora el escenario confuso donde, hoy en día, muchos tildan de fake news a aquella opinión o interpretación que simplemente no les gusta.
Gobiernos, partidos u otras entidades interesadas no deberían interferir ni mucho menos encargarse de sus inquietantes fake news usando conceptos y formas propias del periodismo. Pueden aclarar información que les compete. Por ejemplo, si se publica desinformación en cuanto a los vocales de mesa, el Servel debe publicar la información real y difundirla. Eso tampoco es fact checking.
Sin ir más lejos, lo mejor que podrían hacer actores políticos y gobiernos contra la desinformación es dejar de difundirla ellos mismos, entre otras medidas que no implican, de ninguna manera, hacerse cargo del chequeo. Una presunta verificación hecha por un partido, o cualquier parte interesada, es propaganda, no un chequeo.
Esta metodología periodística sigue varios pasos -constantemente revisados por la Red Internacional de Fact checking, IFCN- donde es útil e imprescindible la formación periodística: determinar qué contenidos son socialmente relevantes; aplicar criterios de noticiabilidad; conocer y recurrir a fuentes oficiales abiertas; discernir entre los expertos que se entrevistarán; aplicar una estructura de texto legible y que responda a todas las interrogantes en cierto orden, y más.
Gobiernos, partidos u otras entidades interesadas no deberían interferir ni mucho menos encargarse de sus inquietantes fake news usando conceptos y formas propias del periodismo.
Visto lo anterior, tampoco realiza un fact checking la parte interesada que defiende su punto de vista.
Incluso han existido casos en que medios de comunicación medianamente serios han intentado hacer verificaciones con esta etiqueta del fact checking. Sin embargo, utilizan, apenas una o dos fuentes de información, dejando fuera tantas otras que se podrían usar para reforzar el chequeo y hacerlo lo más irrefutable posible.
Definitivamente esta metodología no es suficiente ni el único esfuerzo posible para combatir y acallar la desinformación. Siendo esta un problema que acecha la democracia, el fact checking es solo una de las tantas medidas que debieran existir y proliferar en un escenario de creciente peligro, donde la información es cada vez menos valorada, confusa, y compleja de hallar.
De hecho, en el segundo informe emitido por la Comisión Contra la Desinformación, se entregaron 72 recomendaciones para contrarrestarla. Los consejos vienen desde distintos frentes y ámbitos: brecha digital; educación escolar y universitaria; inversión; seguridad digital; alfabetización mediática, informacional y digital; y desde el fortalecimiento de los medios de comunicación. En varios capítulos se menciona la labor del fact checking, pero es particularmente abordado en las recomendaciones 55 y 56:
“Se recomienda a cada medio de comunicación y, en especial a los nuevos proyectos en formación, seguir esa línea para continuar fomentando un periodismo de calidad”, y “apoyar a través de diversos mecanismos de financiamiento y sostenibilidad las iniciativas, organizaciones y departamentos de fact checking, los que han sido actores importantes del ecosistema de medios a nivel global y local en combatir la desinformación”.
Además, señalan que si bien esta metodología está poco desarrollada en el país, “se ha demostrado que es efectivo para reducir la credibilidad de informaciones falsas”.
Entre muchas otras recomendaciones, aconsejan también fortalecer la investigación académica, modernizar la legislación sobre protección de datos personales, regular la publicidad a través de la Ley Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, invertir en tecnología e investigación, y mucho más.
Si la desinformación es un problema transversal que afecta las democracias en todas sus dimensiones y donde todos los actores quieren solucionar el problema definitivo, es importante educar sobre las medidas que puede tomar cada sector y los límites en los que pueden actuar.