A sus noventa años, Atilio Pereira Huenteman avanza lentamente en su silla de ruedas, protegido del sol por un sombrero y con su trarilonko, un tejido tradicional que los hombres mapuche llevan en la cabeza. Su mirada serena, pero determinada, refleja la larga travesía que ha emprendido junto a su comunidad.
Desde la cordillera del Alto Bío Bío, recorrieron más de 600 kilómetros para llegar a Santiago, motivados por la esperanza de ser escuchados. Partieron de Trapa Trapa a las dos de la tarde, hicieron escala en Ralco y luego en Los Ángeles. Desde allí tomaron un bus hacia Santiago, arribando a la capital a las 8:00 de la mañana.
Es 14 de marzo. En pleno centro de la capital, un par de transeúntes se acercan a preguntar qué pasa. En los pastos que se extienden frente a La Moneda, 34 mapuche están sentados con sus vestimentas tradicionales. Entre risas y conversaciones, niños, mujeres y hombres, comparten alimentos y se refrescan con agua, mate y muday. La mayoría habla la lengua de los pewenche, llamada chedungun (che=gente; dungun=hablar).
La comunidad pewenche del sector Infiernillo en Trapa Trapa, Alto Biobío, se enfrenta a una nueva orden de desalojo que amenaza su forma de vida. La orden, dictada el 8 de marzo por la Corte de Apelaciones de Concepción, ha intensificado un conflicto territorial que ha persistido durante décadas.
–Ya son 22 años de hostigamiento en una instancia judicial, con mi abuelo muy mayor. Quisimos canalizar esto por la vía política, necesitamos tener una vida en paz – dice Gabriel Kurrüman Huenteman, un miembro destacado de la comunidad.
Gabriel –trabajador social, quien también enseña lengua y cultura mapuche– ha estado acompañando constantemente a su abuelo en esta lucha, y juntos han decidido buscar una audiencia con el Presidente Gabriel Boric, con la esperanza de encontrar una solución.
–Es violencia simbólica ver a mi abuelo en esta situación, en un territorio que históricamente ha sido pewenche, donde siempre hemos hecho vida. Es injusticia, es violencia política. Mi abuelo es la representación gráfica de la demanda mapuche, de lo que hemos tenido que vivir históricamente en la reclamación de tierras –afirma Gabriel.
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En 2002 la familia fue notificada sobre un proceso judicial en contra de Atilio Pereira Huenteman, quien finalmente fue condenado en 2006 como autor del delito consumado de usurpación, en perjuicio de Raúl Pérez Serani, que en ese momento figuraba como propietario legal.
Ese mismo año, el agricultor y empresario vendió el territorio a Inversiones TAMA S.A., mediante escritura pública de compraventa fechada el 27 de septiembre de 2006, la cual se inscribió en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santa Bárbara.
A pesar del cambio de propietarios, la disputa por la tierra continuó sin tregua.
En 2019, Inversiones TAMA S.A., representada por los particulares Alejandro Pérez Rodríguez y Nelson Arriagada Burgos y defendida por el abogado Fernando Saenger Gianoni, presentó una querella criminal por el delito de usurpación no violenta en contra de José Jaime Mariluan Huenteman y Atilio Pereira Huenteman. La querella exigía que "todos los ya individualizados deberán restituir a la demandante el predio 'El Infiernillo', que se encuentra dentro del Fundo Curamallin o Lote 5, ubicado en la comuna de Alto Bio-Bio, libre de todo ocupante".
El defensor de la empresa, Fernando Saenger Gianoni, es considerado uno de los abogados más mediáticos de Chile. Ha sido distinguido con el Premio Interamericano de Jurisprudencia y es uno de los fundadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).
Medios locales han informado que la red de influencias que se le atribuye a Saenger tiene su origen en la dictadura militar. “Asesoró a la Junta y mantuvo estrechos vínculos durante la transición democrática. También se sabe que era el primero en ofrecerse para defender a los ministros de la Corte Suprema nombrados por el general (R) Pinochet”, destacó El Mostrador en una nota.
En contacto con Fernando Saenger para este reportaje, él indicó: “el caso al que usted se refiere, en nuestro Estudio Jurídico está finiquitado totalmente, y por decisión del Comité Ejecutivo de nuestro Bufete se decidió no hacer ni comentario ni declaración alguna”.
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En un recurso de protección de 2022, el abogado Fernando Saenger expuso que “el predio en cuestión ha sido ocupado ilegítimamente durante varios años, lo que ha obligado a esta parte a iniciar querellas criminales para sancionar a los usurpadores, además de presentar demandas civiles en busca de la restitución del terreno. Así, se puede apreciar que todas nuestras peticiones han sido concedidas, dado que nuestra posición es la única respaldada por el derecho”.
Para Gabriel Kurrüman, el espacio que hoy reivindican “se encuentra entre dos comunidades, Malla Malla y Trapa Trapa. Ambas poseen Títulos de Merced que están vigentes, aunque estos títulos no reconocen la verdadera extensión del territorio ancestral, limitándose solo a las áreas donde había algunas viviendas”.
Los Títulos de Merced fueron otorgados a las familias mapuche entre 1884 y 1929 y se conservan en el Archivo General de Asuntos Indígenas (AGAI) de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en Temuco. Esta documentación es vista con una mirada crítica por algunas comunidades y académicos.
–Los Títulos de Merced son los documentos del despojo territorial del cual fuimos víctimas como pueblo mapuche entre fines del siglo XIX y principios del XX, cuando el Estado confiscó y despojó al pueblo mapuche del Wallmapu –dice el investigador Miguel Melin Pehuen.
–Los Títulos de Merced no contemplan los verdaderos territorios mapuche –comenta, a su vez, el geógrafo Pablo Mansilla.
A esta visión crítica se suma la investigación de Martín Correa, quien en su libro La historia del despojo. El origen de la propiedad particular en el territorio Mapuche sostiene que la actual demanda territorial mapuche no se limita a la reconstrucción de los Títulos de Merced.
En una entrevista con Interferencia, Correa planteó que el reclamo territorial mapuche es mucho más amplio y profundo. “Hoy tanto los particulares como las empresas forestales te pueden decir “tengo títulos legales”, de acuerdo, pueden ser legales, porque el papel da para todo, pero ¿son legítimos? No, pues. Provienen de un engaño y ese engaño forma parte de la memoria mapuche. La legalidad es un asunto más de poder que de justicia, se ha dicho, la esclavitud fue legal, el apartheid fue legal, la colonización fue legal, el código de aguas vigente incluso, la propia constitución del 80, todos en su momento fueron legales, pero ¿justos, legítimos? No”.
La comunidad de Trapa Trapa reclama que los Títulos de Merced no reconocen los espacios de “veranadas” o “invernadas”, fundamentales para la forma de vida de los pewenches. Estas prácticas sociales y culturales implican que en verano se trasladen a lugares más prósperos para la crianza de ganado, mientras que en invierno se dirigen a zonas donde las condiciones no son tan duras.
–También es un espacio territorial con un uso productivo esencial para la supervivencia de las comunidades pewenches. Las veranadas se convierten en un lugar fértil en vegetación para la crianza de animales. Las familias suben a estos espacios en verano y, cuando llega el invierno, se trasladan a las invernadas, donde las condiciones son más favorables para enfrentar el frío. Estas prácticas son parte integral de la vivencia y experiencia pewenche – explica Gabriel Kurrüman.
–Somos muy conscientes de que no tenemos la fuerza para confrontar una orden de desalojo y debemos proteger a nuestros niños y a los adultos mayores –añade, comentando que la actividad nómada de los pewenches les ha permitido de alguna manera evitar la violencia policial.
Estos espacios, vitales para los pewenches, son precisamente los que están en disputa.
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Tras la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet, en la década de los 90 comenzó un movimiento en las comunidades indígenas del Alto Bío Bío para recuperar los territorios reclamados como propios. Un movimiento lleno de esperanza y resistencia, una respuesta a años de opresión y despojo.
Uno de los eventos más significativos de esta lucha fue la instalación de la Reserva Nacional Ralco de Endesa, hoy propiedad de Enel Generación Chile S.A. La oposición al proyecto se ha convertido en un símbolo de resistencia indígena. Pese a ello, se instaló la represa más grande de Chile, ubicada a 120 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, la cual se puso en marcha en 2004. Su construcción cambió drásticamente la vida de las familias Mapuche Pewenche y marcó un hito en la defensa de la "Ñuke Mapu", o Madre Tierra.
El proyecto de Ralco no solo significó la relocalización de familias que residían en el área de inundación y la alteración ecológica de la cuenca del río Bío Bío, sino también un profundo impacto en la forma de vida de este pueblo originario. Además, el cementerio Quepuca fue inundado, dejando los restos de los ancestros de cerca de 700 indígenas sumergidos a 60 metros de profundidad.
–Desde que comenzó el proceso de reducción de comunidades, los Títulos de Merced no consideraron la extensión territorial en base a nuestras prácticas. Más adelante, en la década de los 90, el megaproyecto de Ralco causó un impacto devastador. Familias fueron desplazadas y relocalizadas, y el territorio fue explotado sin piedad. Estas empresas siguen presentes, viviendo en la impunidad. Por otro lado, hay un grupo de particulares que constantemente hostiga a las familias hasta el día de hoy –dice Gabriel Kurrüman.
En 2018, Fernando Saenger, defensor de Inversiones TAMA S.A., reafirmó el derecho de propiedad que sus representados tienen sobre el predio reclamado. “Estamos hablando de un derecho de dominio, las cosas tienen un precio y si ofrecen a mis clientes un precio razonable, de mercado, yo pienso que no habría inconveniente de parte de mis clientes. Eso se lo tengo que consultar a ellos, porque yo no soy el dueño de las tierras”, dijo entonces.
Para esta publicación, se le consultó a Conadi, si como institución intervendrá en la disputa de tierras entre la comunidad de Atilio Pereira Huenteman e Inversiones Tama, a lo que indicaron: “En relación con la consulta sobre la situación del predio Infiernillo en Alto Biobío, podemos señalar que la ley indígena 19.253, en su artículo 20 letras a) y b), establece los mecanismos para la solución a los problemas de tierras que presenten comunidades indígenas, cuya solicitud de aplicación deben ser iniciada por personas, comunidades o parte de comunidades indígenas a través de una presentación formal de los antecedentes con el fin de realizar los estudios respectivos. Actualmente, CONADI no registra solicitud de aplicación del artículo 20 letra b) que involucre a don Atilio Pereira Huenteman, sin embargo, se le han entregado las orientaciones sobre el proceso y se monitorea el caso”.
El Alto Bío Bío se compone de alrededor de 12 comunidades, en el caso de Trapa Trapa, siempre optaron por la vía institucional, pero indican estar agotados de recurrir a las autoridades, sin respuestas concretas.
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El 14 de marzo, pasado el mediodía, Atilio Pereira Huenteman, acompañado por personas de su comunidad, ingresó a La Moneda, donde fueron recibidos por representantes del Plan Buen Vivir.
–Fuimos a La Moneda porque pensábamos que con las iniciativas del Plan Buen Vivir y la Comisión para la Paz y el Entendimiento, había un escenario ideal para plantear nuestra problemática.Ahora entendemos también las movilizaciones generalizadas en todos los demás territorios –dice Gabriel.
Tras la visita, no sabe si se llevaron una decepción, pero si aterrizaron sus expectativas en relación al actual gobierno.
–Conadi no tiene las facultades para intervenir en un espacio con situación de conflicto, y esa era nuestra salida política, que el Estado se hiciera cargo, pero ahí entendimos que hay buenas intenciones, pero no hay posibilidad de hablar de reparación ni restitución de tierras. Los instrumentos que maneja Conadi no permiten ese tipo de acciones y desde el gobierno no hay una respuesta concreta.
Gabriel declara sentir una gran admiración por su abuelo: “Mi tata es un histórico dirigente del territorio. Colaboró en procesos de recuperación territorial más arriba de Trapa Trapa, en Butalelbún. Fue opositor a Endesa y al proyecto Ralco. Participó activamente en el consejo de lonkos. Siempre ha sido muy consecuente, mediador, una persona muy respetada y bien diplomática. Cuando decidimos ir a Santiago, también tiene que ver con eso: queremos seguir sus pasos. Él nunca se negó a ir; quería ir, a pesar de que no es lonko, tiene el kupalme -descendencia- y newen -fuerza- de lonko”.
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Parte de la carta entregada en La Moneda:
Acudimos a su condición de máxima autoridad de Chile, para que atienda y resuelva nuestra problemática, ya que supera el alcance de las autoridades locales. Lo anterior se debe a que hemos desarrollado diversos acercamientos con representantes del gobierno local, los cuales nos han señalado que no existe posibilidad de regularizar el territorio que nosotros ocupamos a nuestro favor, producto de condiciones legales que lo impiden. Por otro lado, entendemos que emprender acciones legales en contra de los particulares no tiene ninguna consecuencia positiva, ya que ellos cuentan, lamentablemente, con documentación legal que se sobrepone a nuestros derechos ancestrales. Un claro ejemplo de ello son estos 22 años de juicio, el que no ha tenido ninguna respuesta positiva a nuestra demanda ancestral.
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La nueva audiencia judicial contra Atilio Pereira Huenteman se fijó para el pasado 3 de mayo. En esa instancia, la familia presentó antecedentes médicos y psicológicos para solicitar la inhabilitación de Pereira en procesos judiciales, debido a su avanzada edad y delicado estado de salud. Esta gestión fue posible gracias a la defensora pública.
Tanto la familia como la comunidad siguen esperando el informe final, que debe ser emitido por el Servicio Médico Legal.
La reciente orden de desalojo en Trapa Trapa, Alto Biobío, evidencia las complejidades en torno a la propiedad y los derechos territoriales indígenas. Además, se da en un contexto marcado por la promulgación de la ley anti-tomas –ley 21.633, publicada en el Diario Oficial el 24 de noviembre de 2023–, y la creciente militarización de las áreas de desarrollo indígena, como es el sector pewenche del Alto Biobío.
Foto de portada: Escuela de Cine Independiente Concepción