“Libertad, seguridad, fraternidad” proclamó la derechista Marine Le Pen en su campaña, reemplazando la palabra “igualdad” por “seguridad” del tradicional lema de la revolución francesa. El acento en la seguridad no es ni causal ni neutro. Si hay un tema fundamental que está remeciendo a los sistemas políticos en la actualidad es la cuestión de la seguridad y aquí es donde pareciera que se encuentra el mayor clivaje que genera condiciones para el éxito político.
Desde el punto de las estrategias de campaña se activan los miedos y temores ciudadanos y se entregan soluciones radicales. Frente al temor de ser víctima de delitos, se propone encerrar a todos los delincuentes en la cárcel y levantar muros para contener la inmigración; frente al temor del desempleo y la inestabilidad económica, se proponen políticas de crecimiento económico y estímulo a la inversión; frente al temor de las revueltas y el relativismo moral, se propone la recuperación de los valores nacionales y tradicionales de la familia; frente a la escasez de recursos para financiar programas sociales, se propone recortar los beneficios a quienes son inmigrantes.
La política chilena no ha escapado a esta tendencia y la seguridad pública es quizás el ámbito de política pública donde con mayor claridad se expresan las soluciones más radicales. No existe encuesta que no coloque en primer lugar de las preocupaciones ciudadanas a la delincuencia y, en general, en muchas de las percepciones sociales tienden a dominar actitudes que buscan limitar libertades y ampliar espacios de mayor punitivismo. Una encuesta realizada por Feedback y la Universidad Diego Portales en marzo de 2023 mostraba que el 94% de los encuestados estaba muy de acuerdo o de acuerdo con la frase “todas las personas que cometen asaltos debieran cumplir condenas de cárcel, sin excepción”, y un 73% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con la frase “para controlar la delincuencia, en algunas ocasiones Carabineros debe excederse en el uso de la fuerza”. En la misma encuesta, se expresó una opinión dividida respecto de la posibilidad de reinserción de los delincuentes. De hecho la mitad de los encuestados se mostró en desacuerdo con la frase “los delincuentes deberían tener la oportunidad de ser reeducados y reinsertados en la sociedad”, y el 72% se mostró en desacuerdo con la frase que “los delincuentes son víctimas de la sociedad”.
Por su parte, la encuesta CEP-Chile de octubre de 2023 mostró que el 45% de los entrevistados se mostraba muy a favor de la opción que “se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia”, el 70% indicó estar muy de acuerdo o de acuerdo con la expresión: “los inmigrantes elevan los índices de criminalidad”.
Consistente con este tipo de actitudes, el Congreso Nacional ha venido aprobando normas que enfatizan precisamente el carácter punitivo en la aplicación de la ley. De los 54 proyectos de ley aprobados hasta mayo de este año, el 60% está dedicado a aumentar penas, establecer penas de cárcel o limitar opciones de libertad condicional. Lo anterior plantea la siguiente paradoja: de no mediar otras reformas institucionales significativas, lo que podría producirse en los próximos años es un incremento significativo de los niveles de violencia y de la delincuencia y no su reducción como se asume hoy en el discurso público nacional. La ironía es que más gente presa pueda expandir la delincuencia, y no reducirla.
Para explicar esta paradoja necesitamos dar un paso atrás y repasar brevemente cómo funciona un sistema de prevención del delito. Primero, cuando hablamos de un “sistema”, nos referimos a una serie de piezas que componen el complejo puzle social: condiciones socio-económicas que permiten el desarrollo de las personas, una institucionalidad pública capaz de generar alertas tempranas para minimizar la vulnerabilidad social, instituciones de orden público capaces de prevenir la ocurrencia de delitos, un sistema de justicia capaz de investigar eficazmente la comisión de delitos, jueces capaces de dictar sentencias proporcionales a la falta, un sistema penitenciario que es capaz de responder a las condenas, y un sistema de rehabilitación y reinserción social para quienes cumplieron sus condenas.
Segundo, si falla una parte de esta compleja cadena de eslabones se verán afectadas las otras partes. Si, por ejemplo, las condiciones sociales no son las adecuadas y se evidencia un sistema escolar con alta deserción escolar, es muy probable que estos niños, niñas y adolescentes caerán en redes de delincuencia y tráfico de drogas. Si las condiciones carcelarias son deficitarias, es muy probable que se reproduzcan redes de delincuencia al interior de los centros penitenciarios. Si no existen instancias para rehabilitar y reinsertar a quienes terminan sus condenas, la probabilidad que vuelvan a delinquir serán muy altas.
Retornemos a lo que ha ocupado al sistema político chileno en los últimos dos años. Desde marzo de 2022 se produjo un significativo incremento de delitos violentos, que impactó fuertemente en la agenda pública. Esto llevó a las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo a establecer un acuerdo para aprobar una lista de proyectos de ley previamente definidos. La mayoría de los proyectos aprobados a la fecha, han enfatizado el establecimiento de penas de cárcel efectiva o el aumento de ellas para determinados delitos. El efecto de estas normas es simple: en el corto plazo aumentará la cantidad de personas con prisión efectiva.
El acento en la seguridad no es ni causal ni neutro. Si hay un tema fundamental que está remeciendo a los sistemas políticos en la actualidad es la cuestión de la seguridad y aquí es donde pareciera que se encuentra el mayor clivaje que genera condiciones para el éxito político.
Lo que pareciera ser una buena noticia podría convertirse en un dolor de cabeza para las políticas públicas en el muy corto plazo. En primer lugar, Chile observa un incremento sostenido de la población en prisión en el sistema cerrado, pasando de 45 mil en enero de 2021 a 56 mil personas en enero de 2024. No cabe duda que esta tendencia se acelerará con los proyectos recién aprobados. En segundo lugar, existe una sobrepoblación carcelaria dado que el sistema tiene capacidades para recibir 42 mil reos, por lo que se acelerará el hacinamiento. De acuerdo a las propias autoridades esta tendencia se explica por un incremento significativo del uso de la prisión preventiva por la ocurrencia de delitos más violentos, las nuevas normas que la incentivan y la tendencia a que los jueces la otorguen con mayor regularidad. En tercer lugar, el plan de construcción de nuevas cárceles o de su ampliación es limitada y no alcanza a responder a este incremento de la demanda.
El efecto sistémico es evidente. Un mayor nivel de encarcelamiento de quienes en particular cometen delitos violentos provocará condiciones cada vez más críticas en las cárceles, muy probablemente incentivará mayores niveles de coordinación entre los reclusos, y fomentará la comisión de delitos desde la cárcel. Una solución armónica requeriría abordar las condiciones actuales del sistema penitenciario, el desarrollo de políticas que mejoren la investigación criminal, y aquellas relacionadas con rehabilitación y reinserción social, siendo estas últimas las más deficitarias de todo el sistema.
Pero la política tradicional se ha encandilado con la solución sencilla, popular y directa: incrementar penas para colocar más gente en la cárcel. Curiosamente, todas aquellas reformas institucionales que buscan atender el problema de un modo sistémico (creación de un Ministerio de Seguridad, establecimiento de un nuevo sistema de inteligencia, fortalecimiento de capacidades del Ministerio Público, inteligencia económica para combatir al crimen organizado, etc.) han sido postergadas o implican una ardua negociación política de dudoso resultado. Se busca aprobar proyectos que respondan al clamor popular de más mano dura, sin aquilatar las consecuencias para el sistema.
La seguridad entendida en forma restrictiva como “mayor castigo” se impone en un contexto donde lo radical es percibido como lo correcto. Los actores evitan referirse a las negativas consecuencias que tiene una política como la descrita. La dificultad mayor es que la temporada de elecciones que se avecina actúa como un acelerante de este tipo de medidas cortoplacistas, ¿o acaso espera usted ver a candidatos proponiendo planes para reducir la deserción escolar? ¿Escuchará acaso a candidaturas proponiendo planes para reducir el consumo de drogas? ¿Surgirán candidaturas que propongan mejorar los sistemas de información del gobierno central y local para detectar de mejor modo la comisión de delitos? ¿Escuchará usted propuestas sobre mejorar el sistema de investigación criminal? Muy probablemente no. La temporada de elecciones fomentará medidas muy de corto plazo que pondrán atención a políticas de castigo, muros y encierro. Así funciona la política radical, sugiriendo soluciones acotadas e ineficientes a problemas complejos.