Los prejuicios hacia las personas migrantes surgen en gran parte del desconocimiento y el temor. Cuando estas actitudes son amplificadas, ya sea por los medios de comunicación o por actores políticos, a través de estereotipos negativos y representaciones distorsionadas, pueden transformarse en discursos que promueven la discriminación, la exclusión y, en demasiados casos, la violencia. En Chile, esta problemática ha adquirido dimensiones preocupantes, donde la estigmatización se ha convertido en una herramienta política para desviar la atención de las profundas desigualdades estructurales del país.
Un claro ejemplo de esta dinámica es el discurso de José Antonio Kast, quien califica como “ilegales” a las personas migrantes que buscan regularizar su situación a las afueras del Registro Civil e insta a cerrar fronteras. De manera similar el diputado republicano Cristián Araya, no solo repite el uso del término, sino que va más allá al proponer la instalación de minas en la frontera: “Son los chilenos quienes sufren con el caos migratorio, necesitamos una terapia de shock contra la inmigración”.
Estas narrativas refuerzan la criminalización y crean un clima de rechazo y violencia. Según Jock Young en “La sociedad excluyente” (1999), analizado por los académicos Henry Moncrieff Zabaleta y María Cristina Bayón (2022) en su estudio “Estigmas, performatividad y resistencias. Deconstruyendo las figuras Demonizadas de jóvenes de sectores populares en américa Latina” este tipo de retóricas, que define a ciertos grupos como amenazas para la sociedad, es decir, “chivos expiatorios”, sirven para canalizar miedos sociales, junto con la amplificación mediática, legitima políticas punitivas, de control y exclusión.
Durante la reciente visita a Chile del escritor Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura, sus declaraciones en varias entrevistas generaron titulares poderosos como: “La migración siempre ha sido parte de la vida humana” y “El mundo fue racista y sigue siendo racista”. La primera afirmación, aunque podría parecer obvia, cobra un nuevo significado en el contexto actual del país y no solo porque proviene de un escritor de prestigio, sino porque Gurnah también ha sido migrante y vivió en carne propia el desafío de encontrar un lugar seguro al llegar a Inglaterra a los 18 años.
Las palabras de Gurnah invitan a una reflexión sobre cómo la invención del “otro” ha funcionado como un acuerdo semántico para marcar diferencias y justificar a lo largo de nuestra historia la superioridad de un grupo sobre otro, tal como señala Todorov en “La conquista de América”. En este sentido, John A. Powell y Stephen Menendian (2016) explican que este proceso de “othering” perpetúa la marginalización y la desigualdad, y sustenta procesos que niegan la plena inclusión y pertenencia a la sociedad. Por su parte, María Cristina Bayón y Gonzalo A. Saraví (2019) sostienen que las formas en que nos relacionamos, tratamos y representamos a los “otros” permiten comprender la manera en que la desigualdad se convierte en algo natural, socialmente aceptado y legitimado.
De acuerdo con la investigadora Ximena Poo (2009), coordinadora de la Cátedra de Racismo y Migraciones de la Universidad de Chile, son los medios quienes construyen una agenda y sedimentan formas de comprender y de construir al “otro”, en este caso a las personas migrantes. En ello coincide la antropóloga Nanette Liberona, académica de la Universidad de Tarapacá, quien considera que los medios, especialmente los más influyentes apoyados por grupos económicos que tienen intereses electorales, contribuyen a la utilización de la imagen del migrante como una figura perjudicial.
Pocos días después de la visita de Gurnah, la Cámara de Diputados de Chile protagonizó un inusual momento de consenso, en el cual legisladores de diversas tendencias políticas y partidos dejaron de lado sus diferencias para aprobar, por unanimidad, modificaciones a la Ley de Migraciones.
Sin embargo, estas reformas han recibido críticas por su posible impacto en los derechos de más de un millón cuatrocientos mil personas extranjeras que residen en el país. La Organización Migrantas, a través de su coordinadora Vanessa González, alertó que estas medidas podrían institucionalizar prácticas discriminatorias y punitivas contra amplios sectores de la población migrante, con un impacto particularmente grave en la niñez.
De manera similar, la Defensoría de la Niñez expresó su rechazo a las modificaciones propuestas por los diputados y advirtió que estas podrían negar a las niñas y niños migrantes el acceso a derechos básicos como la salud y la educación. Según Anuar Quesille, defensor de la Niñez, “excluir a los niños, niñas y adolescentes del derecho a educarse o acceder a la salud no solo constituye una discriminación por su condición de migrantes, sino que también implica que el Estado de Chile estaría incumpliendo su obligación constitucional de garantizar educación y salud a todos los niños que habitan el país”.
Falsas creencias
En Chile persiste la falsa creencia de que la niñez migrante ha colapsado el sistema educativo, alimentando el mito de que su integración dificulta el acceso de las niñeces nacionales a la educación. Esta idea parece haber permeado incluso en el Congreso, lo que explica la insistencia en promover modificaciones sobre el tema. Lo cierto es que según los propios datos del Ministerio de Educación (2023) presentados en informes como el de IdeaPais: “Radiografía de la matrícula de estudiantes migrantes en el sistema educativo chileno”, los estudiantes migrantes representan apenas el 7,4%, es decir 267.339, mientras que el 92,6%, que equivalente a 3.363.726, corresponde a estudiantes nacidos en Chile.
Es importante destacar que el artículo 4° de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería de la República de Chile establece como principio fundamental el interés superior del niño, niña y adolescente, lo que subraya la necesidad de proteger estos derechos sin excepciones:
“El Estado adoptará todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales necesarias para asegurar el pleno ejercicio y goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, consagrados en la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, desde su ingreso al país y cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o de los adultos que los tengan a su cuidado”
En el mismo debate, Amnistía Internacional Chile advirtió días antes de la votación sobre la forma en que el proyecto de ley incluye disposiciones que afectan los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes. Entre los puntos más preocupantes figura la priorización de estudiantes nacionales sobre los migrantes en el acceso a la educación (artículo 17), lo que vulnera el principio de no discriminación consagrado en la Constitución de Chile.
Además, el proyecto condiciona el acceso a la salud y educación a la inscripción en el Registro Civil (artículos 15 y 17), una exigencia que representa una barrera significativa para muchos niños migrantes que podrían no estar registrados. Esta medida no sólo contraviene las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, sino que también profundiza la vulnerabilidad y exclusión de la niñez migrante en Chile, e intensifica las desigualdades existentes.
Desinformación y discursos discriminadores
Estas medidas se suman a la difusión de la noticia sobre las graves lesiones sufridas por un niño de 10 años en el patio de su escuela, en Santiago. La madre del estudiante, Macarena Undurraga, denunció que el establecimiento minimizó lo ocurrido, al calificarlo como un accidente. En una entrevista con Radio Bío Bío, este medio vinculó como responsables a niños supuestamente de nacionalidad venezolana.
La Escuela Cervantes Básica de Santiago respecto a las acusaciones aclaró que no había estudiantes extranjeros involucrados lamentó la tergiversación y la cobertura imprecisa, lo que contribuyó a la propagación de prejuicios, además, según la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago el establecimiento escolar ha recibido amenazas, por ello denunciaron los discursos de odio y reiteraron su compromiso con el esclarecimiento de los hechos.
En este contexto, resulta imperativo que los medios de comunicación asuman un enfoque ético y responsable al informar sobre temas sensibles, especialmente aquellos relacionados con las niñeces migrantes.
El “Decálogo para un Periodismo Intercultural”, elaborado por la Red de Periodistas Migrantes, subraya la necesidad de ir más allá de la simple verificación de datos y hechos. Entre sus recomendaciones, destaca la importancia de fomentar un análisis crítico y evitar la reproducción de prejuicios y estereotipos que refuerzan la estigmatización en el discurso público.
Asimismo, el Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile recuerda que el compromiso con la verdad es un principio irrenunciable: “Las y los periodistas están al servicio de la sociedad, los principios democráticos y los Derechos Humanos. En su quehacer profesional, se regirán por la veracidad como principio, entendida como la entrega de información responsable y fundamentada de los hechos, basada en la correspondiente verificación de estos, ya sea de forma directa o a través de diversas fuentes”.
Esta narrativa fue amplificada por otros medios y figuras públicas, como el cantautor Pablo Herrera, quien esgrimió prejuicios contra la comunidad venezolana, a la que calificó como “genéticamente mala”.
En una investigación de La Tercera se reveló que la Fundación “Santiago Se Levanta”, presidida por Giselle Dussabaut, fue la que viralizó a través de redes sociales la desinformación acerca de que niños mayores y venezolanos habían sido responsables del incidente en la Escuela Cervantes.
Cómo influye la desinformación
La desinformación sobre la migración, especialmente acerca de personas provenientes de Venezuela, Colombia y Haití, alimenta la percepción errónea de que las personas extranjeras son responsables de la criminalidad en el país. A pesar de que datos reales como la Encuesta Nacional Bicentenario UC (2024) evidenció que el 43% de las personas afirma no sentir temor al transitar por lugares que habitan las personas migrantes e incluso el 44% calificó que su relación con las personas migrantes era buena. De esta manera, estas cifras reflejan una desconexión profunda entre las percepciones influidas por los discursos y la realidad vivida por la mayoría, que contradice la narrativa dominante.
Tal como señala Spencer Feingold (2022), editor digital del Foro Económico Mundial, la desinformación, que incluye tanto datos falsos como información sacada de contexto, surge con la intención de engañar o confundir y suele ser difundida por individuos o grupos para manipular la opinión pública.
En este contexto donde las personas extranjeras son señaladas como responsables de los males sociales y económicos del país, diversos estudios, como el de “Immigration, Crime, and Crime (Mis) Perceptions” (2020), de Ajzenman, Domínguez y Undurruga, y el análisis “Criminalidad, seguridad y migración” (2020) del Servicio Jesuita a Migrantes, desmienten esta percepción al mostrar que los migrantes no son más propensos a cometer delitos que la población local, la idea persiste porque al parecer es alimentada por un sistema de desinformación que genera un clima de miedo y rechazo.
Los académicos Carolina Stefoni y Sebastian Brito explican en el artículo “Migraciones y Migrantes en los Medios de Prensa en Chile: La Delicada Relación entre las Políticas de Control y los Procesos de Racialización” (2019) que los medios de comunicación en Chile han contribuido a difundir las miradas negativas impulsadas por políticos sobre la migración como un problema, reforzando además ciertos estereotipos como pobreza, marginalidad, vulnerabilidad sobre las personas haitianas y sobre las venezolanas, crisis, emergencia y desborde.
Por eso, la securitización en nuestros días cala profundamente y es bien recibida en la opinión pública, pues, como señala Zygmunt Bauman en su obra “Extraños llamando a la puerta” resulta ser un truco que desvía la atención de los problemas que los gobiernos son incapaces de manejar. Esto nos lleva a esa relación inseparable entre securitización y migración, que, en términos simples, en la actualidad significa que migración es igual a inseguridad.
Se puede entender que las medidas de penalización y restricción del ingreso de personas migrantes forman parte de una política migratoria de securitización, tal como lo analizan María Stang y Carolina Stefoni en su estudio de 2016, y que prevalece hasta nuestros días, en un enfoque que genera un entorno propicio para la criminalización de los migrantes, asociándolos directamente como amenazas.
Peligros de la discriminación y deshumanización
¿Por qué generalizar el juicio y desatar discriminación contra toda la población migrante, y más aún contra niñas y niños? ¿Por qué los medios de comunicación, responsables de informar de manera ética y veraz, permiten que ciertas figuras públicas o emergentes utilicen sus plataformas para difundir prejuicios y acusaciones infundadas?
En lugar de abrir espacio a discursos discriminatorios, ¿no deberían apostar por un periodismo comprometido con la verdad, que fomente el respeto, la empatía y la convivencia social? No hablamos de progresismo o buenismo; hablamos de que la propia Constitución de la República de Chile consagra la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación arbitraria.
El artículo 19, numeral 2, establece que “en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias” y complementariamente, la Ley N.º 20.609, conocida como Ley Zamudio, define la discriminación arbitraria como “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
No se trata solo de una declaración simbólica, sino de un compromiso del Estado chileno con los derechos civiles y con los tratados internacionales que ha firmado y ratificado y que refuerza la obligación de proteger a todas las personas de la discriminación y la exclusión, sin excepciones.
Lo más grave de este tipo de discursos es que a la larga pueden tener consecuencias nefastas, como la deshumanización de las personas migrantes.
En Chile existen varios antecedentes alarmantes: en septiembre de 2021, en el norte del país, una marcha denominada “No+migrantes” culminó con la destrucción de carpas y pertenencias de migrantes. En 2022, Carlos Godoy, un joven venezolano de 19 años que trabajaba como repartidor, fue asesinado en Ñuñoa mientras realizaba una entrega; su agresor fue un cliente que lo atacó con un cuchillo y regresó a su departamento. En mayo de 2023, Milton Domínguez, un migrante colombiano con discapacidad que vivía en la calle, fue brutalmente golpeado y asesinado por un grupo de marinos en el centro de Iquique.
Desde la dictadura de Pinochet se consolidó en Chile una narrativa que asocia la migración con una amenaza al “orden interno”, lo que dio lugar a políticas centradas en el control y la exclusión, ya que el extranjero era un enemigo potencial.
Aunque la Ley 21.325, que sustituyó a la Ley de Extranjería N. 1.094, que había estado vigente desde la dictadura, buscaba establecer un enfoque más actual, en su momento fue criticada por Luis Eduardo Thayer, actual director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, quien en 2021 señaló que la ley no estaba orientada hacia la integración de las personas migrantes, sino hacia la supuesta capacidad del Estado para controlar, seleccionar y restringir la movilidad de quienes proyectan su vida en Chile. Según el análisis de Infomigra, desde su aprobación se han presentado 47 proyectos legislativos que refuerzan una idea de control migratorio sobre derechos y convivencia. Dichas propuestas incluyen expulsiones, restricciones a la nacionalidad, arriendos, educación y salud, que en resumen buscan excluir a la población migrante como parte integral de la sociedad.
Así lo sostiene el académico Jorge Brower Beltramin “Legislación migratoria chilena: tres momentos históricos entendidos como dispositivos discursivos” (2021): “...en la segunda parte del siglo XX y las primeras décadas del XXI, la máquina legisladora en Chile respecto a la migración ha mantenido de forma dominante un sustrato ideológico en el que permanece el concepto/idea del extranjero como amenaza que altera la seguridad del país, además de que pone en tensión permanente los dispositivos de control legal y social”.
Es fácil caer en la trampa de los discursos discriminatorios que circulan en redes sociales y medios de comunicación. Como periodista he cuestionado mi propio juicio frente a contenidos que apelan más a las emociones que a los hechos, por eso, ¿cómo podría no serlo una mayoría constantemente expuesta a narrativas prejuiciosas?
Los periodistas y encargados de medios deben ser cuidadosos y responsables con lo que se publica. Toda nota debe someterse a un análisis riguroso que contemple una investigación profunda, la verificación de la información y un enfoque en derechos. No se trata solamente de amplificar aquello que genera más ruido y reciba likes, sino de garantizar información confiable y comprobada, porque al final, lo que está en juego son las vidas de las personas.
Una mentira, desinformación o tergiversación de los hechos puede desencadenar graves consecuencias sociales, alimentar el odio y perpetuar prejuicios que muchas veces conducen a acciones violentas.
Texto actualizado el 6/01/2025