Que la nueva Constitución tenga que reconocer a los pueblos indígenas parece ser un asunto fuera de cuestión. Al menos socialmente —y me atrevería a señalar que políticamente también— todas las personas y fuerzas políticas concurren en la idea que el Estado debe reconocerles.
La tensión o el conflicto político y social radica en qué tipo de reconocimiento se hará: uno tan solo cultural o bien se avanzará a reconocer espacios de autonomía política y territorial.
Este será el meollo de las discusiones constituyentes. A nivel de percepciones sociales, en los tres estudios de opinión pública del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) aplicados entre marzo de 2020 y marzo de 2021 sobre un 95% de los encuestados responde afirmativamente a la pregunta si se les debe reconocer constitucionalmente. Este apoyo cruza sectores socioeconómicos, edad, pertenencia a un pueblo indígena, educación o posición ideológica.
Entonces, si todos los grupos sociales y políticos se muestran favorables al reconocimiento, la pregunta pendiente es de qué tipo será éste.
La última versión de esta serie de estudios del CIIR, que acaba de darse a conocer, nos ilumina sobre este asunto (ver recuadro con las características del estudio).
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Investigaciones anteriores ya han advertido respecto de las diferencias sociales sobre los tipos de reconocimiento. En la encuesta del CIIR, mientras una mayoría (53%) acepta la idea del reconocimiento multicultural (un Estado donde convivan varias culturas), un 17% se inclina por la idea de plurinacionalidad (la convivencia de diversas naciones). Un 28% sostiene que no se requerirían hacer estas distinciones dado que Chile es un solo Estado-nación.
Los multiculturalistas tienden a ser más jóvenes, tienen más educación y se ubican en posiciones de centro. En tanto los plurinacionalistas también tienden a ser más jóvenes, más educados, pero más de izquierda. Quienes prefieren no hacer distinciones tienden a tener una mayor edad, menor educación y son más de derecha.
Cabe hacer notar que entre los indígenas encuestados (21,4% de la muestra), la distribución sobre este tema es bastante similar a la que se registra entre los no indígenas: un 53% se identifica con la multiculturalidad, un 19% con la plurinacionalidad y un 26% sostiene que no se requiere hacer una distinción y debe ser un solo Estado-nación.
Esto es relevante por cuanto se suele asumir —equivocadamente— que los indígenas sostienen una sola visión sobre el reconocimiento de sus derechos y lo que este y otros estudios han demostrado es la variedad y diversidad que existe entre ellos.
Pero la etiqueta de multiculturales, plurinacionales o nacionalistas no es suficiente para capturar las percepciones de la población sobre la temática del reconocimiento y menos para comprender las dimensiones sustantivas que involucra este debate (ver reportaje CIPER). El estudio muestra, por ejemplo, que el 85% de los encuestados considera que los indígenas deben tener cupos reservados en el Congreso, apoyo que se registraba en otros estudios realizados antes de la aprobación de los escaños reservados para la Convención; el 77% apoya la idea que el Estado debe consultar a los pueblos originarios sobre asuntos que involucren su territorio, el 69% apoya que tales pueblos tengan un sistema especial de justicia; y sobre un 92% se muestra partidario de iniciativas para proteger sus símbolos y cultura ancestral.
Tabla 1
¿Qué tan de acuerdo está Ud. con que la Nueva Constitución reconozca a los pueblos indígenas los siguientes derechos? (% Muy de acuerdo + de acuerdo).
Fuente: Encuesta Centro CIIR, marzo 2021.
Así, existe un consenso mayoritario social que trasciende edades, niveles socioeconómicos, educacionales y políticos, en relación con el reconocimiento y protección de las culturas de los pueblos originarios.
Donde las aguas se dividen, particularmente por posición política, es en virtud del reconocimiento de tales pueblos en tanto sujetos colectivos políticos. Si más del 90% de quienes se identifican como de izquierda favorecen la existencia de escaños reservados, entre quienes se autoidentifican con la derecha el porcentaje cae a 74%. Entre quienes se identifican con la izquierda, el 83% favorece la idea de que ciertos territorios sean administrados por indígenas, mientras que el porcentaje cae al 50% entre quienes se identifican con la derecha. El 79% de quienes se autoidentifican con la izquierda apoyan el reconocimiento al derecho de libre determinación y autonomía, lo que es apoyado por un 54% de quienes se sienten de derecha.
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Cuando preparaba esta columna, me tocó compartir en un panel donde se presentó este estudio con Catalina Cortés, Tiara Aguilera y Jessica Cayupi, tres representantes de pueblos originarios y candidatas a la Convención Constitucional. En su intervención, Catalina Cortés, del pueblo Aymara, destacó que las percepciones sociales sobre los pueblos originarios en Chile suelen estar cruzadas por el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo Mapuche por lo que se tiende a asociar la resolución de los conflictos exclusivamente con la devolución de tierras.
Sostenía Catalina que, aunque relevante, aquella no era la única de las reivindicaciones. Agregaba que uno de los grandes desafíos del proceso constituyente sería visibilizar la gran diversidad de pueblos y demandas territoriales que existen en el país.
Por su parte, Tiara Aguilera del pueblo Rapa Nui, destacó la consistencia de los resultados de la encuesta a través del tiempo, lo que reflejaba que algunas de las percepciones sociales sobre reconocimiento estaban asentadas en la sociedad. Agregó que uno de los grandes desafíos del proceso sería establecer acuerdos en temas donde evidentemente parecen existir diversos pareceres.
Finalmente, Jessica Cayupi del pueblo Mapuche, llamó la atención hacia el enorme respaldo que tenían en la ciudadanía las medidas de inclusión política de los pueblos originarios en un futuro Congreso (asientos reservados), en los gobiernos regionales y municipales.
En efecto, por lo menos a nivel social existe una alta aceptación de la incorporación de los pueblos originarios en diversos espacios de decisión política de carácter nacional, regional y municipal. Así, uno de los grandes desafíos para el Estado de Chile será materializar este reconocimiento ya no solo a nivel simbólico-cultural, sino que a nivel político-institucional generando un entramado más rico de relaciones interculturales.
*Este artículo fue publicado originalmente en CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público.
CIPER/Académico es un espacio abierto a toda aquella investigación académica nacional e internacional que busca enriquecer la discusión sobre la realidad social y económica.