Es muy probable que estemos frente a un presidente que confundió el mandato de ordenar la macroeconomía con la tarea mesiánica de refundar la sociedad sobre las bases de un libertarianismo conservador. Pero hay que señalar —y es importante insistir en esto— que también estamos frente a una sociedad civil que mayoritariamente votó un programa de extrema derecha jugando con la fantasía de que no iría a hacer “las cosas locas que dijo que iba a hacer”.
Cuando advertimos que existía un riesgo democrático debajo de la candidatura de la derecha radical vernácula nos referíamos exactamente a que sucediera lo que acaba de pasar: un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que modifica y deroga más de 300 leyes que se refieren a aspectos trascendentales de la vida social, económica, cultural y política de nuestro país. Sabemos que en el pasado se han votado delegaciones de facultades y se han aprobado normas que intentaban responder a situaciones de emergencia económica. En todos los casos, tratándose de medidas discutibles, eran normas que provenían de acuerdos políticos y que fueron sancionadas en el parlamento siguiendo los procedimientos legales que estipula la constitución. El decreto que tenemos delante nuestro es un auténtico estado de excepción en materia de sanción normativa y, lo que es aún peor, una habilitación al uso desenfrenado de la autoridad política delegada.
Milei se aprovecha, sin dudas, de una reglamentación que establece un control débil y mal pensado para este tipo de decretos. La ley que regula los DNU genera objetivamente incentivos para legislar sobre problemáticas importantes a través de herramientas libradas a la discrecionalidad del presidente. Resulta incoherente que la indiferencia de una cámara sea suficiente para aprobar una norma que de lo contrario requeriría de la deliberación y la aprobación de las dos cámaras.
El antecedente que dejará este decreto en particular tiene consecuencias sistémicas mucho más amplias, tanto para el juego político como para la estabilidad de las normas jurídicas. Si estas grandes transformaciones de la sociedad se pueden hacer recurriendo a esta herramienta legal extraordinaria, todo el sistema jurídico se debilita en el tiempo y, al mismo tiempo, la competencia por el poder político se transforma radicalmente. ¿Qué sentido tendría, a partir de ahora, disputar el poder legislativo de los senadores y diputados o las funciones interpretativas de los tribunales de justicia si el presidente puede derogar, modificar y aprobar una extensa cantidad de leyes cuando lo desee? Este precedente caótico no se borraría ni dentro del propio sistema jurídico ni en los hábitos de los actores políticos, reorganizando el conjunto de la vida pública en un sentido posdemocrático.
Todas estas anomalías y excesos ponen de manifiesto múltiples fracasos. Muchos de ellos ya han sido glosados hasta el cansancio, empezando por el desempeño del gobierno anterior en un contexto de múltiples crisis que lo desbordaron. Pero en términos políticos es muy notorio el fracaso del parlamento para llegar a acuerdos sobre temas importantes para la sociedad y la economía en momentos de crisis. Muchos dirigentes políticos y legisladores de diferentes partidos del campo democrático vislumbran la necesidad de estos acuerdos. No es razonable que con cada cambio de gobierno cambie el régimen monetario, los niveles permitidos de endeudamiento público o la estructura del sistema tributario. El parlamento también es co-responsable del orden macroeconómico. De lo contrario, todos los cambios de gobierno se transforman en una oportunidad para “el negocio del caos político”, que puede ofrecer sorprendentes beneficios económicos según como se hayan hecho las apuestas y el poder de influencia que se tenga sobre los nuevos funcionarios. Cuando el parlamento no delibera ni decide sobre cuestiones relevantes para la sociedad termina arrinconado en un doble fracaso: desprestigiado frente a los ciudadanos y delegando las decisiones que eran motivo del desacuerdo político en la figura del presidente. Hacia adelante resultará fundamental recordar que los legisladores democráticos son aquellos que colaboran con ideas nuevas para enfrentar problemas públicos y que logran crear las condiciones de negociación política para evitar ese tipo de dilemas en los que ambos caminos conducen al precipicio.
Si analizamos el decreto desde el punto de vista de la voluntad política que construye por esta vía excepcional —desconociendo mientras escribimos esto el destino final que tendrá— lo que aparece es la aventura de un salto al vacío en términos normativos, que pretende reflejar especularmente el salto al vacío al que se invitó a los ciudadanos al momento de canalizar las adhesiones hacia el candidato de la derecha radical. Es notable la forma ideológica y marcadamente autoritaria de toda la construcción. La imagen del candidato exaltado que rápidamente habría sido transformado a través de la mediación de Macri en un presidente pragmático duró apenas una semana, menos de lo que duró la misma fantasía con Trump o Bolsonaro.
Con poco más de diez días en el ejercicio del poder ejecutivo Milei ejecuta lo que imagina que es la refundación de la sociedad mediante un único acto creador: el de su voluntad como soberano iluminado. En el fondo de esta decisión late la creencia mágica, muy probablemente compartida con muchos de sus simpatizantes, en el carácter absoluto del poder simbólico. Como si los símbolos que el sujeto cree que puede manipular con destreza tuvieran la capacidad omnipotente para atravesar lo real recreándolo desde la nada, este refundacionalismo delirante capta algunos de los efectos que dejó la pandemia y un mal gobierno en los sujetos. Lo mismo sucede con la interpretación de la idea de urgencia que invoca el decreto, que parece extraída de los manuales de teología política de Carl Schmitt y no de una lectura concreta de los problemas urgentes de la sociedad argentina. El modelo sobre el que viene insistiendo para hablar y decidir el presidente Milei sigue la idea básica de lo que Kant llamaba autocracia: el régimen político que tiene una única relación, la relación de un único sujeto (soberano legislador) con el pueblo (súbdito obediente). No se ve cómo de ahí pueden salir respuestas para las dificultades de una sociedad compleja y plural como la sociedad argentina.
La construcción de la confianza de los desconfiados (aquellos que no creían que Milei haría lo que decía que iba a hacer) también hay que analizarla en sus pliegues subjetivos e ideológicos. Entre la megalomanía de este tipo de candidatos y las fantasías que llevan los ciudadanos al cuarto oscuro existen muchas mediaciones y relaciones de poder que inciden. Pero en las democracias no se puede rehuir en ese vínculo a la cuestión de la responsabilidad. Si queremos evitar que todo el edificio del autogobierno del pueblo se desmorone, la co-responsabilidad de los ciudadanos es una condición del debate público, la crítica social y la reflexión abierta sobre alternativas políticas.
Las democracias occidentales tienen que lidiar hoy no sólo con el malestar de una globalización opaca y desigual en la asignación de oportunidades, sino también con la frustración de una ciudadanía que no encuentra respuestas en las instituciones desde hace mucho tiempo. Las derechas radicales como la que encarna Milei en Argentina les ofrecen a esos sujetos frustrados devolverles el protagonismo a través de un repliegue narcisista y un autoritarismo paranoico que señala chivos expiatorios hacia todos lados. Las masas neoliberales tienen una afinidad estructural con este tipo de soluciones políticas que hoy se encarnan en el puño de un gobierno cesarista y la melodía mitológica de la lucha de la alt-right contra el socialismo y la justicia social.
Va a ser muy difícil, en este contexto, recrear la promesa igualitaria de la democracia sin acuerdos a la altura del desafío político, sin ideas que saquen a la ciudadanía de la frustración, sin responsabilidades institucionales en los otros poderes públicos y, fundamentalmente, sin el coraje de dirigentes políticos que sean capaces de desengrietar viejos conflictos y crear nuevas alternativas frente a las arbitrariedades del poder ejecutivo.