Es cierto que Chile tiene un problema urgente de delincuencia del que hacerse cargo. Pero vincular migración irregular y delincuencia es un error que puede llevar a graves consecuencias y desviar la atención del verdadero problema.
Las personas migrantes que han entrado al país por pasos irregulares no son todas delincuentes. Muchas son madres y/o padres con sus hijos, dispuestas a cruzar el desierto más árido del mundo solo porque del otro lado vislumbran la posibilidad de una vida digna. Otras huyen de la persecución por motivos variados (políticos, religiosos, pertenencia a disidencias sexogenéricas, etc.); de la violencia; de la vulneración masiva a sus derechos humanos, o de la pobreza extrema.
Es válido cuestionar por qué una persona que no tiene nada que esconder tomaría una vía irregular para el ingreso al país. Si bien en principio todo no parece haber una respuesta lógica -por lo que pensamos que, evidentemente, la persona tiene algo que esconder-, si escarbamos solo un poco más veremos la respuesta.
El sistema de visados chileno dispuesto por la Ley 21.325 presume que la persona extranjera será siempre capaz de trazar su proyecto migratorio: entrega posibilidades de visado a quienes pretendan viajar a Chile ya con un contrato de trabajo u oferta laboral firmada en una serie de instancias, o bien, a quienes tengan vínculos familiares (madre, padre, hijo, hija o cónyuge/figura con mismos efectos jurídicos) con personas chilenas o con residencia definitiva.
Lamentablemente, en la realidad, no todas las migraciones son voluntarias: hay más de 100 millones de personas que han salido de sus países por motivos forzosos. Nuestro continente no es ajeno, ya vemos la situación en Cuba; en Nicaragua; en el triángulo norte de Centroamérica; en Haití; en Venezuela; en Colombia y en Ecuador, por ejemplo. Frente a la imposibilidad de migrar teniendo ya familiares directos radicados en el país de destino, o con un contrato de trabajo u oferta labor lista, las personas que huyen de países en crisis o de situaciones extremas, usan los pasos irregulares como única posibilidad de ingreso al país para su salvaguarda o para el acceso a una vida digna para sí mismos/as o sus familias. Un contrato de trabajo desde el extranjero no es siempre obtenible cuando se huye, particularmente si pensamos en las áreas en que se desenvuelven principalmente las personas migrantes, asociadas a ventas y servicios. Además, es poco probable que un empleador, en este tipo de trabajos, esté dispuesto a esperar los meses que tarda la aprobación del visado.
Al llegar al país, estas personas se insertan en la sociedad, trabajan y pagan impuestos, pero cargan con un cartel falso y doloroso de delincuente, solo por querer sobrevivir.
En paralelo, los pasos fronterizos irregulares están controlados por los verdaderos delincuentes, quienes perfeccionan su negocio ilícito de tráfico de migrantes en la misma medida en que la autoridad del país pone más trabas legales, en una relación directamente proporcional. Estas bandas también ejercen o propician la comisión de delitos como la trata de personas, el tráfico de armas o de drogas, etc. Esto no es algo único de nuestro país: la frontera de México y Estados Unidos es un claro ejemplo.
Frente a esta realidad, la expulsión en masa de personas extranjeras en situación migratoria irregular no puede ser la solución, porque no apunta al problema y, lo más grave, puede transgredir los derechos de quienes no son delincuentes y están siendo expulsados.
Es válido cuestionar por qué una persona que no tiene nada que esconder tomaría una vía irregular para el ingreso al país. Si bien en principio todo no parece haber una respuesta lógica -por lo que pensamos que, evidentemente, la persona tiene algo que esconder-, si escarbamos solo un poco más veremos la respuesta.
El discurso en torno a las expulsiones se ha transformado por estos días en un "carro de la victoria" al que se han subido distintos políticos y autoridades que se han expresado no son solo discursos xenófobos, sino también criminalizadores, inhumanos e ignorantes. Incluso el propio Presidente de la República ha señalado que quienes estén en situación migratoria irregular en el país serán echados, lo que nos muestra, una vez más, como la migración es usada como “moneda de cambio” en momentos políticos álgidos.
Sobre esto último, en Chile nos encontramos ad portas de elecciones plebiscitarias respecto a adoptar o no una nueva Constitución, en un proceso liderado por los partidos políticos de derecha. Sobre la base de las percepciones -erróneas- de las personas chilenas, asociadas a que migración y delincuencia serían dos factores intrínsecamente unidos, políticos de derecha (pero también de centro y de izquierda) utilizan el tema migratorio y las expulsiones como discurso para demostrar que su propuesta es la mejor. En todo caso, este tipo de discurso no es nuevo y, lamentablemente, al unir un tema realmente preocupante como es la delincuencia, con otro tema que se relaciona con una percepción negativa respecto de la migración, fuertemente arraigada en la sociedad, el discurso parece creíble y útil, aunque no apunta realmente a una solución real a la delincuencia o a atacar el problema de base.
Quienes trabajamos en favor de las personas migrantes y sus derechos también pedimos que las autoridades tomen medidas en contra de la delincuencia, y también consideramos que, en ese marco, hay personas extranjeras que deben ser buscadas, procesadas, sancionadas y rápidamente expulsadas del país. Pero estamos en contra de los discursos, políticas, normas y acciones que maltratan a las personas migrantes que no han visto otra opción más que la irregularidad, y que no son delincuentes. Para ellas necesitamos regularización migratoria.
También necesitamos que sea revisada la legislación migratoria a fin de que las normas se hagan cargo de la migración forzada que se produce y, tristemente, se seguirá produciendo.
Propender a que los pasos fronterizos regulares sean utilizados -con visas realistas para las personas que migran forzadamente- y a disminuir la "demanda de trabajo" de las bandas delictuales que operan en la frontera es también una forma de combatir la delincuencia; una más certera, eficaz y humanitaria, además de más adecuada conforme a las normas sobre derechos humanos que el Estado se comprometió a proteger, promover y respetar. No queremos delincuencia, sí queremos humanidad, recordando que a las personas chilenas también nos tocó alguna vez huir.
Foto de Ibar Silva | Migrar Photo