Fotografía de Télam.
Escenario de ambas crisis
La crisis climática y ecológica ya está aquí. Y llegó para quedarse. Lamentablemente los compromisos adoptados por los Estados no nos han llevado a un mejor estadio, todo lo contrario. La inacción de éstos nos está empujando cada vez más a situaciones de peligro, donde la ciudadanía ve los efectos del recrudecimiento de los desastres, tanto naturales como de aquéllos influenciados por el hombre (Poo, 2022).
Los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) del año 2021 y 2022 nos anunciaron la grave situación a la cual se sometería el mundo de no lograr torcer las tendencias que se vienen observando. En la actualidad la temperatura promedio ha aumentado un grado, y por cada grado de temperatura que aumente los eventos climáticos serán cada vez más intensos. Por ello se requiere, de manera urgente, preparar nuestros sistemas de vida a un escenario complejo de no poder limitar el alza de temperatura. Si algo está claro es que los estados no podrán llegar a todos con la ayuda de forma inmediata, por lo que se requiere generar, a través de la educación, un cambio cultural en la población.
Dentro de los eventos extremos, en el caso de nuestro país, están las olas de calor que serán cada vez más frecuentes e intensas. En los últimos años hemos sido testigos de cómo éstas ya nos están afectando, así como la falta de agua que se da por un clima más extremo y seco. Chile viene arrastrando una mega sequía por más de una década, señal que indica que la situación sólo se ha ido incrementando.
Chile cumple con 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Tenemos áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos (PNUMA, 2019), cuestión que acrecienta nuestra vulnerabilidad.
Además, somos un país que basa gran parte de sus actividades económicas en la extracción de naturaleza y su biodiversidad. Lo anterior ha profundizado los conflictos socioambientales y las problemáticas para la biodiversidad. Nos hemos convertido en un territorio que agota sus recursos naturales antes del primer semestre del año, lo que impide la regeneración de la naturaleza y sus bienes, agravando la situación social, por lo que aumenta la conflictividad e impide una relación sana y en equilibrio con la naturaleza.
En los últimos años hemos sido testigos de cómo éstas ya nos están afectando, así como la falta de agua que se da por un clima más extremo y seco. Chile viene arrastrando una mega sequía por más de una década, señal que indica que la situación sólo se ha ido incrementando.
Olas de calor, monocultivos e incendios
El escenario descrito, donde las olas de calor se manifiestan de forma más intensa y con mayor frecuencia, se profundiza la mega sequía, se pierde biodiversidad, se extrema el cambio de uso de suelo, a lo que se suma las 3 millones hectáreas de plantaciones forestales, es caldo de cultivo perfecto para la propagación de incendios forestales. Si bien muchos de ellos son causados por los seres humanos, éstos han aumentado su extensión y velocidad de propagación.
En la temporada de incendios 2016-2017 fuimos testigos de cómo se quemaron de manera voraz alrededor de 500 mil hectáreas.
Sólo en el verano de 2017 se produjo el megaincendio entre las regiones de O’Higgins y Bío Bío (parte de última es hoy la actual región de Ñuble). Un informe sobre la materia del Centro de Resiliencia y Clima (CR2) desagregó la información sobre la cobertura forestal quemada: un 63% fueron monocultivos (219 mil hás); un 16% de matorrales (55 mil hás); 13% de bosque nativo (44 mil hás); un 8% de pastizales y otras superficies (30 mil hás). Todo esto equivale a alrededor de 300 mil hectáreas perdidas.
Las áreas afectadas por los incendios de 2017 coinciden con la gran cobertura de plantaciones de monocultivos de pinos y eucaliptus, principalmente. Son estas especies exóticas y pirrófitas que propagan el fuego de manera acelerada, las que, con las olas de calor de esos días, sumadas a la acción humana intencional y accidental, la cercanía con los centros poblados y caminos (existen plantaciones a metros de éstos), la falta de agua y de medidas de prevención como corta fuegos, generaron el escenario propicio para el desastre.
Ese megaincendio nos hizo creer que dejaría el aprendizaje necesario para enfrentar este tipo de siniestros, juntos a los conocimientos necesarios para evitar un saldo dantesco de pérdidas sociales y ambientales. Lamentablemente llegó el invierno y poco -o nada- se avanzó en materias de fondo para, realmente, evitar que tan grave situación se repitiese en el tiempo. Hubo anuncios legislativos para afrontar las consecuencias, aunque era difícil presagiar que nada llegaría a buen puerto.
Crónica de una situación anunciada
En la retina teníamos lo ocurrido con los megaincendios del año 2017. Pero pasaron sólo 6 años de dicho desastre cuando la noche del 2 de febrero de 2023 (en que se comienzan a desatar numerosos focos en las regiones de Maule, Ñuble, Bío Bío y Araucanía) se repite la historia. La combinación de elementos fue la misma: falta de corta fuegos; densa cobertura forestal de monocultivos aledaños a caminos y poblaciones; una ola de calor en curso; ausencia de ordenamiento territorial; carencia de legislación de fondo para el sector forestal que permitiese enfrentar de mejor modo la problemática. Tristemente, una vez más nos encontró el verano sin haber tomado medidas de fondo.
La crónica de una situación anunciada por la academia, ONGs, organizaciones ciudadanas, políticos preocupados por la materia fue desoída nuevamente y vemos cómo el escenario dantesco en términos sociales y ecosistémicos nos golpean otra vez. Se han quemado ya alrededor de 300 mil hectáreas, se han perdido más de mil casas, 24 vidas humanas y se ha asestado un golpe profundo a nuestra rica fauna. Si bien ya habíamos visto esta realidad, otra vez los inviernos y sus exiguas lluvias nos convencieron de que, quizás con suerte, no volvería a ocurrir.
Crecer en una región forestal
Provengo de la región del Bío Bío, a la cual malamente se le menciona como un territorio con vocación forestal. Durante 14 años de mi vida fui vecina de celulosa Arauco, a 15 kilómetros de la ciudad de Arauco, que se transformó en ciudad dormitorio de dicha empresa. Esta compañía, junto con la producción de celulosa, tiene asociadas a empresas forestales, transportistas, aserraderos, viveros y un sin número de actividades que giran en torno a dicha empresa. El escenario hace que la población que depende de tal industria nunca sepa los peligros de vivir tan cerca de los monocultivos. Tener pinos y eucaliptus es un dogma incuestionable.
El megaincendio de 2017 nos hizo creer que dejaría el aprendizaje necesario para enfrentar este tipo de siniestros, juntos a los conocimientos necesarios para evitar un saldo dantesco de pérdidas sociales y ambientales. Lamentablemente llegó el invierno y poco -o nada- se avanzó en materias de fondo para, realmente, evitar que tan grave situación se repitiese en el tiempo.
El paisaje de la zona es horrible: miles de hectáreas de estas dos especies exóticas que nos acompañan a lo largo de nuestros recorridos por la región develan, también, la falta de agua, que con los años se recrudeció en los sectores rurales. El roce para volver a plantar era parte de lo cotidiano, como también la pobreza que deja a su paso dicha industria que subcontrata a miles de trabajadores.
El credo incuestionable de dicho sector hoy nos vuelve a golpear. La crisis climática y ecológica cuestiona las bases de lo que estamos haciendo como sociedad, y en ello también a las actividades económicas que desarrollamos. Nadie propone que no exista la industria forestal, pero las condiciones en situación de urgencia deben ser otras. No podemos avanzar como país si no nos preparamos para enfrentar la realidad que ambas crisis nos colocan, como una espada de Damocles, sobre nuestras cabezas. Seguir mirando hacia el lado, sin tomar medidas de fondo solo volverá a aplazar un nuevo desastre, ya que una vez más llegará el invierno, donde nos olvidaremos de lo vivido en este período de incendios.
Anuncios de fondo
Las autoridades de gobierno se encuentran actualmente enfrentando la emergencia. Si bien hay un despliegue en el territorio afectado y anuncios específicos para hacerse cargo de la contingencia, es preciso que, terminado los eventos, exista la voluntad política de impulsar políticas públicas que permitan establecer medidas de fondo en los próximos años.
Existen en la actualidad diversos proyectos de ley que buscan, de algún modo, entregar la infraestructura institucional para hacerse cargo de la temática forestal del país.
Las plantaciones forestales cuentan con planes de manejo de CONAF, cuestión que no es suficiente ya que dadas las condiciones que, como telón de fondo, implican la crisis climática y ecológica, se requiere de mayor información y conocer las sinergias del ecosistema con las plantaciones forestales.
En este contexto, se requiere que el Ejecutivo impulse la moción parlamentaria que busca que los proyectos forestales se sometan a la evaluación de impacto ambiental (boletín 11696-12). Éste se encuentra en primer trámite en el Senado.
Además, está radicada en la Cámara de Diputados y Diputadas una moción parlamentaria que regula los cambios de uso de suelo de terrenos afectados por incendios forestales (boletines 13967-12, 14017-12 y 14023-12, refundidos). Ésta ya tiene indicaciones del Ejecutivo, pero aún requiere seguir perfeccionándolo.
Producto de la emergencia generada por los incendios forestales del año 2017, el gobierno de Michelle Bachelet presentó el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (boletín 11175-01). Éste se encuentra en segundo trámite legislativo en el Senado, pero desde 2019 no tiene movimiento.
Abordar la grave realidad que nos presenta la crisis climática y ecológica requiere de medidas de adaptación, de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, así como también de la protección y restauración de suelos y ecosistemas, junto al fomento de la educación ambiental. Todo con el fin de generar una ciudadanía activa que pueda prepararse y participar de la implementación de medidas tanto en estos desastres, como en otros aspectos de la crisis climática y ecológica.