20 de septiembre de 2023.
–La humanidad ha abierto las puertas del infierno –decía Antonio Guterres, secretario general de la ONU, para llamar la atención sobre la necesidad urgente de un pacto de solidaridad climática.
31 de agosto de 2023.
En Chile, nuestra encorbatada y perfumada Comisión de Derechos del Consejo Constitucional, rechazó un artículo del anteproyecto dedicado a la obligación del Estado de implementar medidas de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático. El RN Germán Becker, presidente de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, decía amargamente tras el debate y ante la prensa: “Hicimos todos los esfuerzos para lograr acuerdos, estuvimos más de 12 horas trabajando el capítulo XIII, finalmente pensamos que habíamos llegado a muchos acuerdos y con eso se iba a votar a favor la unidad de propósito que era de todos, acerca del cambio climático. Finalmente, no se cumplió con eso”.
También integrante del consejo, Karen Araya (PC) decía que el rechazo a ese artículo era sinónimo de “negar la crisis climática” de Chile y del mundo. “Creemos que hoy es importante que el Estado se pueda hacer cargo de la crisis climática (…) y hoy, con las enmiendas republicanas, sentimos que es un retroceso”.
Y es que el artículo 206 del anteproyecto presentado por la comisión de expertos -que inicialmente ni siquiera contemplaba un capítulo para el tema medioambiental-, planteaba que “el Estado implementará medidas de mitigación y adaptación, de manera oportuna y justa, ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos”.
En el último día del pleno, se repuso la norma emblemática con los 33 votos de Republicanos y Chile Vamos y 17 abstenciones del oficialismo. Los consejeros de la bancada republicana añadieron la palabra “racional” a la redacción de los expertos, lo que motivó esa acción del bloque oficialista.
Para Luis Silva, jefe de bancada de Republicanos, la incorporación del término tiene una función clara: “robustecer la garantía de que la protección del medioambiente será en armonía con todos los demás bienes que son necesarios para la convivencia social”.
El pleno también rechazó todas las enmiendas e iniciativas populares de norma suscritas por el oficialismo relativas a la protección del ecosistema marino, el reconocimiento de los animales como seres vivos dotados de sensibilidad y el derecho humano al agua.
PÉNDULO ECOLÓGICO
Hace 12 meses éramos un modelo visto con atención a ojos del mundo. La propuesta de Constitución anterior sería la primera dictada en un estado declarado de crisis climática y emergencia medioambiental. La primera puesta en práctica por un país integrante de la OCDE.
Ahora tenemos un texto que se parece bastante al que nos rige desde 1980. Como si nada hubiese cambiado.
El borrador anterior contenía 98 artículos donde se aludía a la emergencia climática y a las herramientas para mitigarla, entre las que se incluían la educación ambiental, investigación científica, equilibrio del ecosistema y manejos del agua. El resultado ya lo sabemos: fue rechazado el 4 de septiembre de 2022. El día en que triunfó el lema “Una que nos una”, enarbolado por la derecha.
Tras ese rechazo, y con todas las críticas al proceso y su maximalismo, en materia medioambiental, sí se tenía en consideración algo fundamental: estamos en una crisis y tenemos la responsabilidad histórica de enfrentarla.
Hace un año no lo hicimos. Y todo indica que el 7 de noviembre -cuando los órganos del Proceso deben entregar al Presidente la propuesta de texto constitucional que será votado el 17 de diciembre de 2023- tampoco lo vamos a hacer. El factor de la “racionalidad” puede influir en eso. Sobre todo cuando se pide para enfrentar el cambio climático, que nada entiende de racionalidades.
La exconvencional y académica de la Universidad de Antofagasta Cristina Dorador, dice que todo lo que huela a constitución o al proceso constituyente anterior, simplemente se ha borrado del mapa:
–Es una cuestión bien extraña, porque en la ciencia, generalmente, nosotros trabajamos en un ámbito colaborativo y que también va tomando ideas previas, por supuesto citadas, y va generando material más robusto. Pero acá se trató de hacer un borrón de lo que hubo. Y eso es muy malo, porque, finalmente, invisibiliza de nuevo no solo las ideas, sino también las personas que fueron parte, generando incluso ámbitos de mucha violencia.
Entre los especialistas medioambientales hay consenso sobre la escasez de voces expertas en el tema en este Consejo. Verónica Delgado, profesora de Derecho Ambiental de la Universidad de Concepción y directora del programa DACC (Derecho, Ambiente y Cambio Climático), apunta a la falta de visión y que este texto queda atrasado, por ejemplo, respecto a la Constitución francesa de hace diez años, una de las más citados entre los expertos.
–No se consagran claros deberes ambientales de las personas naturales y especialmente las jurídicas, las empresas. Tampoco se quieren referir al principio precautorio, que se aplica cuando la ciencia no es capaz todavía de conocer los efectos o impactos que se producirán –dice Delgado.
“Uno esperaría, además, ya que es una Constitución del siglo XXI, en un contexto de crisis de contaminación, climática y de biodiversidad, que el texto pusiera especial hincapié en estos tres focos, con lineamientos generales preventivos, que habiliten a hacer lo necesario a cualquier gobierno en el futuro, pero que impida retroceder en materia ambiental”, añade.
Para Pamela Poo, directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur, el siglo XXI será en el que la crisis climática y ecológica definirá nuevas realidades. En ese contexto, piensa que el proyecto de nueva constitución que se está escribiendo no se condice con esa realidad: “Quedaron fuera temas como la soberanía alimentaria, una nueva definición sobre el tema hídrico, los derechos de la naturaleza y el reconocimiento de ambas crisis en rango constitucional, lo que impide que el país pueda prepararse para enfrentar los escenarios poco favorables que vendrán, por ende, no se está pensando ni en ésta ni las nuevas generaciones”.
GRANDES DESESPERANZAS
La Constitución anterior, dicen quienes estudian esta materia, era ecológica. Contenía normativa novedosa a nivel mundial, que seguramente nos hubiera ayudado mucho en el combate contra la crisis ambiental.
El proceso actual, recuerda Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y profesor de la Universidad de Chile, uno de los expertos más escuchados por los convencionales del proceso fallido del 2022, “comenzó con el comité de expertos, que, si bien no hizo avances muy significativos en la materia, sí al menos actualizaba de alguna manera la constitución y al menos incorporaba algunas cuestiones mínimas que debiera tener una constitución del siglo XXI”.
Ahora, dice, han eliminado la mayoría de los elementos de protección del medio ambiente y se ha vuelto a fórmulas normativas antiguas, que “ya deberían estar superadas”. Es más: “tienen que ver con la fuerte ideología de la constitución y su incapacidad de dialogar y su incapacidad de mirar también a los desafíos del futuro”.
Más allá de la sensación de derrota cultural que se olisquea entre los grupos progresistas, algo de lo que Chile no es ajeno en estos tiempos agitados, algunos especialistas alertan respecto a un retroceso con algunas de las famosas “enmiendas” que han introducido los consejeros respecto al anteproyecto entregado por la Comisión experta. Estas apuntan, por ejemplo, a que el titular tendrá propiedad sobre cualquier concesión relativa a bienes nacionales de uso público. Algo así como un gran “salgan de mi lago” a nivel constitucional.
Otro punto es la eliminación del mandato de equidad y participación en la distribución de cargas y beneficios ambientales, además de la ya mencionada eliminación de las obligaciones del Estado en mitigación y en adaptación oportuna y justa ante los efectos del cambio climático, la que ahora también debe ser “racional”.
Delgado que ha seguido el proceso desde el inicio, cree que un punto crucial es que, en el Consejo de expertos, no fue priorizado desde los partidos políticos la designación de expertos en derecho ambiental y ello explica que, al inicio, las normas propuestas eran básicas y muy parecidas a la constitución de 1980:
–Luego, en un esfuerzo socialdemócrata que luego fue transversal, se logró un capítulo ambiental -que sin ser un avance significativo- constituye al menos, un avance importante, con deberes para las personas, principios tan importantes como el de justicia ambiental (asociado a las mal llamadas zonas de sacrificio) y lineamientos claros respecto al cambio climático. Pues bien, tampoco en los consejeros hay líderes ambientales y, en realidad, al escuchar las discusiones, hay mucha ignorancia, así como en el primer proceso había muchos prejuicios. Y se está pasando la máquina, como ocurrió en el primer proceso, sin aprender nada. A esta altura, perseverar con este juego antidemocrático, es jugar irresponsablemente con fuego.
Sobre esto también escribió, junto a la académica UDP Dominique Hervé, una dura carta en El Mercurio marcando los puntos de retroceso en este proceso.
Si se mira a la realidad material y la crisis climática que estamos viviendo, la expectativa de una constitución robusta en materia ambiental no solo ha quedado disminuida, sino que la verdad es que es inexistente en este momento. “El debate actual eliminó cualquier posibilidad de una constitución robusta en materia ambiental y por lo mismo me parece que es muy probable que esta constitución se rechace también, lo que nos va a dejar en un pie negativo. Vamos a seguir teniendo los mismos problemas y como país vamos a tener que buscar otras vías para poder hacerle frente a la crisis climática y ecológica. Estos procesos constitucionales no han dado la respuesta, uno porque fue rechazado y el otro porque no contiene siquiera cuestiones mínimas”, sostiene Ezio Costa.
Esto se resume así: en un año pasamos de la posibilidad de tener una Constitución ecológica, con un catálogo de derechos ambientales que incluían la justicia ambiental, que indicaba que la ley podía establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos para proteger el medioambiente y la naturaleza, incluso creando un órgano autónomo como la Defensoría de la Naturaleza, que fiscalizaría al Estado y a los privados ante la vulneración de derechos; de un estatuto sobre los Bienes Comunes Naturales como el agua, aire, glaciares, mar territorial y subsuelo, y hoy terminamos en esto, una propuesta donde la “racionalidad” debe primar mientras las personas y el medioambiente siguen friéndose en el sartén.
O como Nicanor Parra decía en sus ecopoemas: "Qué le dijo Milton Friedman / a los pobrecitos alacalufes? / - A comprar a comprar / quel mundo se vacabar!”
Fotografías: Cortesía de Ladera Sur