La estrategia de la antipolítica ha tenido un impacto significativo en la ascensión al poder y en la popularidad de figuras como Trump, Bolsonaro, Bukele y Milei. Son líderes que han llevado a cabo prácticas y discursos que buscan despojar de contenido político a las instituciones sociales. Aprovechando la desconfianza ciudadana, para ganar elecciones han fomentado la fantasía de una sociedad sin política o “casta”, sin una otredad que incomoda y con la cual hay que transar para convivir en paz. Han impulsado la confrontación y creado una marcada dicotomía entre la libertad del individuo y lo político, es decir, lo inevitablemente -y a veces molesto- "común".
¿Cómo identificar algunos brotes (o bosques) de antipolítica en Chile y la responsabilidad de los propios actores institucionales en su proliferación? Ascenso que hemos visto reflejado en los procesos constitucionales y en las estrategias de viejos y nuevos partidos. Estrategia electoral cortoplacista que amenaza con socavar la esfera democrática y con ella la ya maltrecha estabilidad y cohesión social. Lo verdaderamente preocupante no reside en la crítica necesaria hacia los políticos y el statu quo, sino en la sorprendente falta de disposición de muchos líderes para contener la marea de la antipolítica, demostrando que la principal ineptitud en estos años y del fracaso constitucional ha sido, justamente, la falta de política y la negligencia en abordar las condiciones y percepciones que generan el rechazo y hastío de la ciudadanía, sin buscar transformarlos. Hastío que, por cierto, es la constatación de la carencia de profundidad, visión a largo plazo y de la incapacidad para ofrecer algo más que eslóganes que nos atrapan en discusiones inertes.
Durante los últimos cuatro años hemos enfrentado desafíos cruciales, marcados por una desigualdad palpable, una pandemia que exigió muchísimo a las familias y al sistema de salud y económico, todo junto con un implacable escepticismo de la ciudadanía hacia las instituciones. En el presente, estos desafíos se intensifican aún más debido al continuo deterioro de la deliberación pública. Este declive pone de manifiesto el compromiso de ciertos grupos con la antipolítica como eje central de sus acciones. En el Chile actual abundan líderes con delirios presidenciales que con exageraciones, acusaciones grandilocuentes y campañas de desinformación contribuyen a la desorientación de la ciudadanía y al menoscabo de la democracia. Incluso aquellos "nuevos" en el escenario político, como Amarillos y Demócratas, inicialmente comprometidos a infundir "razonabilidad" al debate, han caído en la trampa de la trivialidad y el victimismo impostado, en lugar de abordar los problemas de manera profunda y ofrecer soluciones sustantivas para el país.
Sin embargo, esto no es nuevo. Viejos actores institucionales han alimentado desde hace décadas el deterioro de las condiciones para la acción política y, de paso, su propio lugar en el sistema. Desde Pinochet, que hablaba de los “señores políticos” en sentido despectivo, o sectores de derecha cuya estrategia es apuntar como un defecto la supuesta ideologización de los demás participantes del debate sin transparentar la suya propia. Lo mismo ocurre con la moralización de los 30 años de la Concertación, que más allá de la efectiva comodidad de ciertos sectores de la coalición con el sistema, significa obviar las condiciones políticas, institucionales y militares en que se desarrollaron dichos gobiernos.
Lo último han sido ambos procesos constitucionales. En el primero, los partidos renunciaron a jugar un rol de intermediación y el escenario quedó dominado por actores que renegaron de la deliberación con el otro, carecieron de visión política sobre el efecto de las medidas que estaban tomando (eliminar el Senado, por ejemplo) y se renunció a la construcción de propuestas con una impronta más universalista en contraste con aquella hiper-particularizada. El resultado de esas deficiencias quedó a la vista. Lo mismo ocurre con el Consejo Constitucional, donde a pesar de la supervigilancia de los partidos los ánimos de la antipolítica prevalecieron, siendo el Partido Republicano el que priorizó su supuesta coherencia con sus principios por sobre las posibilidad de negociación y acuerdo. En otras palabras, en ambos casos se renunció de antemano a lo que hubiese sido un resultado virtuoso de la acción política, la posibilidad de pensar en una forma de convivencia y en su lugar se insistió la autoafirmación de lo particular en lo público aprovechando una mayoría circunstancial.
En este contexto, resulta imperativo reflexionar sobre la carencia de responsabilidad política por parte de los representantes y del entendimiento que tienen de su propio rol. Ya sea en el marco del proceso constitucional o en el debate sobre pensiones y seguridad, situaciones que demandaban una visión a largo plazo, se ha evidenciado la escasa disposición e ineptitud para convocar a una mayoría ciudadana capaz de romper con la apatía arraigada.
Reimaginar la democracia
En este escenario, y para el futuro, sigue siendo necesario un nuevo imaginario para la acción política. De esta forma, el problema no estuvo en embarcarse en el proceso de reconfiguración constitucional, sino en la incapacidad de mantener la esperanza de que una política diferente era posible, una que asumiera como su principal responsabilidad el cuidado de la democracia a través de apreciar la propia acción política, reivindicar la organización colectiva incluyendo la partidaria y elevar la deliberación plural y tolerante.
Desde el estallido social, se ha expresado repetidamente la urgencia de gestar un nuevo pacto social que fomente una colaboración renovada entre clases y grupos en la sociedad. Sin embargo, esta búsqueda se ve frustrada al constatar que, a pesar de los llamados para concretar acuerdos, se persiste con una estrategia doble vinculante de diversos sectores de la élite donde estos intentos terminan siendo desestimados precisamente entre aquellos que tienen el deber y la posibilidad de colaborar, perpetuando así la rigidez de un sistema económico y político. Nos encontramos prisioneros del cortoplacismo de aquellos que poseen un poder de veto circunstancial y que sueñan con debilitar al gobierno de turno para acceder al poder posteriormente. En esta estrategia olvidan que, en caso de lograr sus objetivos, serán ellos quienes sufrirán las consecuencias de las mismas tácticas de suma cero, como en parte ha reconocido el propio presidente Boric.
El fallecimiento del presidente Piñera ofrecer un pequeño paréntesis al respecto, ya que además del sentido republicano de sus funerales, el mea culpa hecho por el actual mandatario llevó a que los partidos de derecha hayan decidido priorizar públicamente una serie de políticas para reforzar el legado del expresidente. El desafío estará en que esas propuestas se transformen en una negociación de fondo, que saque el debate del tironeo por los décimales de la cotización adicional y lo amplíe a un paquete más variado que, incluyendo la reforma de las pensiones, viabilice cambios urgentes para el país en materia de pensiones, desigualdad, seguridad, etc., donde los diversos sectores políticos se puedan ver al menos en parte representados. En otras palabras, hacer política en serio y no sólo en las RRSS.
Para romper con esta inercia y alcanzar nuevos pactos, se hace fundamental reimaginar la democracia. Tenemos el trabajo a largo plazo de reivindicar la política democrática como el espacio para enfrentar desafíos tras las frustraciones electorales que han sufrido lado y lado del espectro, pero principalmente los millones de personas que esperábamos un cambio sustantivo para nuestra democracia. Este proceso que se abre incluye el deber de valorizar a los partidos que hagan las cosas de manera diferente siendo capaces de transcender de los incentivos a la permanente diferenciación con el “enemigo” y concretar cambios reales a través de la negociación. También implica la defensa del debate público como requisito esencial para una buena política, como un espacio de deliberación para el bien común, donde se exige más a quienes participan del mismo: mejores argumentos y discursos en lugar del espectáculo frívolo “Sin Filtro” de farándula y matinal en que se ha transformado últimamente. Para el mundo democrático y pro derechos, en particular, significa evitar la exacerbación de diferencias reales, pero que son políticamente irrelevantes frente a la realidad y riesgos democráticos del país. Significa construir verdaderos puentes programáticos y estrategias de cohesión entre nuevas y viejas tradiciones partidarias y sociales enfrentando conversaciones complejas, pero que son imprescindibles para construir un proyecto ganador que cuide la democracia.
A nivel institucional, debemos romper con los incentivos que nos tienen atrapados en la lógica actual iniciando con el rescate de innovaciones desarrolladas durante el proceso constitucional, como la paridad, escaños reservados, iniciativas populares, entre otras. Aunque se entiende que estas no son suficientes para reconfigurar la política, son cruciales para romper la lógica hiper electoral en la que están atrapados los partidos y poder construir nuevas formas de deliberación y vinculación con la ciudadanía. A esto se suma el voto obligatorio como un paso importante que no solo involucra a los electores, sino que además obliga a los partidos a considerar seriamente a todos los sectores de la población.
Por contraste, resultan incomprensibles las soluciones planteadas por el pasado Consejo Constitucional, con el regreso a un pseudo sistema binominal, que no aborda las causas de la crisis de representatividad de nuestro sistema político. Concentrarse sólo en los problemas de gobernabilidad sin considerar la legitimidad de las instituciones hacia la ciudadanía sólo acrecienta el problema. Debemos insistir en un pacto democrático más inclusivo que dé agencia política real a los distintos grupos para que el sistema nos tome en serio, canalizando nuestras demandas en el sistema institucional y democrático donde todos pesamos lo mismo. Imaginemos así un sistema donde la facultad de veto esté democráticamente repartida entre diferentes grupos y sectores, promoviendo una deliberación transparente hacia la ciudadanía.
Por último, el compromiso de la ciudadana con la información y su activismo es clave, comprendiendo que cualquier alternativa a la democracia va en contra de nuestros derechos y a favor del más fuerte (quienes tienen el dinero, poder y/o las armas). Para ello, es fundamental que la ciudadanía asuma un rol crítico y activo frente a líderes con delirios presidenciales que desprecian la política y las instituciones, repercutiendo en nuestra calidad de vida. La democracia exige tolerancia a la frustración y a la derrota porque, mientras sobreviva, cualquier éxito o fracaso de cualquier idea democrática será temporal, en otras palabras, es el único sistema que nos ofrece la verdadera posibilidad de gobernarnos, al reconocer la dignidad de cada individuo y ofrecer igualdad de condiciones para participar en la toma de decisiones. La prioridad ahora radica en el cuidado y preservación de este sistema, lo cual implica un compromiso más exigente por parte de todas y todos.