Texto publicado el 14 de abril de 2023
Preguntas. Una y otra vez.
Desde que se presentó por primera vez en sociedad el nuevo proceso constituyente, en diciembre pasado, como resultado de un acuerdo entre los partidos políticos, empezaron a rondar las preguntas. Había ahora más pasos, instancias nuevas, otros perfiles. Cambios. La presencia de un comité de 24 expertos, que haría un trabajo previo a los comisionados elegidos después por votación popular, era una novedad respecto del proceso anterior. Más aún: todo parecía indicar que su existencia venía a enmendar los que se consideraron excesos, desbordes, pirotecnia de la pasada Convención. Serían los guardianes del buen hacer.
Lo que se necesitaba, pedían algunos en esos días de incipiente verano, era seriedad. Compostura también. Se consideró que la expertise funcionaba como sinónimo. Y como garantía. Pero más allá de ese entusiasmo, varios cabos quedaban sueltos.
Varias preguntas en el aire.
Nunca se definió con precisión qué se entendería por experto. Como sea, fueron las fuerzas políticas con representación en el Congreso quienes se encargaron de nominarlos y aprobarlos en enero de 2023. Todos fueron patrocinados por partidos y pactos con presencia parlamentaria. Doce desde la Cámara de Diputados, mismo número desde el Senado.
En muchos casos, el patrocinio del partido pasó por poner el ojo en militantes. Y si no era el caso, al menos en alguien con ideas afines. Los independientes, casta orgullosamente de moda en el proceso anterior, quedaban fuera de competencia. Ahora había que tener padrinos y madrinas. Ahí, coinciden analistas consultados por Anfibia, hay un juego de escondidas. Son comisionados expertos, claro, con currículos académicos, con trayectoria profesional, pero debajo de eso hay también una lógica política. Que está enraizada en la forma de nacer de este comité. Que se podrá camuflar bajo el paraguas del saber técnico, pero no deja de existir.
Luis Eugenio García-Huidobro, investigador del CEP, usa la figura de un péndulo: “El actual proceso tiene el riesgo real de transformarse en una respuesta pendular al proceso pasado. En su diseño se sacrifica legitimidad democrática y se atenúa la participación ciudadana, para privilegiar conocimiento técnico y una deliberación en que los partidos políticos tienen un rol protagónico”. Partidos que, recuerda el abogado, tienen una confianza ciudadana de apenas un 4% y una falta de identificación de un 65%, según la encuesta de ese centro de estudios realizada en noviembre-diciembre 2022
Un dato: por la manera en que fue constituida, esta comisión experta repite el equilibrio político del Congreso. Como un “congresito” de gente que sabe. Son diez expertos nombrados por el pacto del gobierno, diez de Chile Vamos, dos democratacristianos, uno de Republicanos y uno del Partido de la Gente. Deben negociar para alcanzar acuerdos, ya que ningún sector alcanza por sí solo los 3/5 de quórum que se necesita para aprobar normas. Eso no está mal. El problema es que el Parlamento es una de las instituciones con menos confianza por parte de la ciudadanía. No vaya a ser que le herede esa mala fama al hermano chico.
“Mucha gente los ve como una convención mixta, más allá de que no lo sea”, explica Rodrigo Mayorga, historiador y académico de la UC. Y eso porque los ciudadanos no sólo ven allí expertos, sino también la presencia -la huella, sería más acertado- de políticos y parlamentarios.
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De los 24 expertos, el 87.5% son abogados. Varias voces alegaron que por qué, que dónde están los expertos que no son juristas y que también pueden opinar contundente sobre una nueva Constitución. El comité exhibe una economista, una periodista y un sociólogo, en medio de un mar de abogados. ¿Es suficiente?
Hay algo más. Entre abogados chilenos se comenta que tampoco es que se trate de una comisión íntegra de expertos. Ven operadores políticos, ven académicos que no son particularmente referentes en sus materias y ven expertos reales, sí, pero con un “conocimiento mal distribuido”: se concentra en pocas áreas, dejando desprovistas otras que son más relevantes para esta discusión.
Son comisionados expertos, claro, con currículos académicos, con trayectoria profesional, pero debajo de eso hay también una lógica política. Que está enraizada en la forma de nacer de este comité. Que se podrá camuflar bajo el paraguas del saber técnico, pero no deja de existir.
Como sea, contraatacan los más optimistas, se asegura un debate y una propuesta de texto con solidez jurídica. Mucho más que la propuesta anterior, insisten. Habrá que ver cuánto le importa eso a la ciudadanía que -según han mostrado las encuestas y es lo que se escucha en la calle- terminó agotada del proceso anterior y está desapegada del actual. Tanto del trabajo de la comisión experta, como de las elecciones de constituyentes el próximo 7 de mayo.
Tampoco parecen estar los tiempos para eso. Las preocupaciones urgentes son otras. La seguridad se ha alzado como el tema que concentra todas las miradas, porque efectivamente la delincuencia ha crecido y se ha tornado más violenta -y eso tiene a la gente asustada-, y también porque la política -siempre atenta a la oportunidad- ha hecho del asunto un botín del cual sacar alguna tajada.
La última encuesta Criteria presentada recientemente muestra que -al igual que en las dos mediciones anteriores- la principal preocupación ciudadana es combatir la delincuencia y el narcotráfico. La siguen la migración, la inflación y la salud. La nueva Constitución recién aparece en el lugar 12. Y la última encuesta de Feedback y la UDP revela que 83% de las personas dicen estar poco o nada informadas del nuevo proceso. Qué distinto panorama al de octubre de 2020, dos años y medio atrás, cuando el entusiasmo con el tema se tradujo en que el 79% de los votos del plebiscito fueron a favor de iniciar un proceso constituyente.
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Y hay más preguntas.
¿Cuánto de la distancia actual entre la ciudadanía y el mundo político, y también respecto del tema constitucional, podría acortarse con esta comisión de expertos? Varios entendidos dicen que cero. Que en eso no colabora el perfil técnico del grupo ni esta presencia protagónica de los partidos en su origen. En el mejor de los casos, dicen, no aumentarían la brecha. Reducirla, imposible.
No es tampoco un grupo diverso. Es mayoritaria la cercanía a grupos políticos y prácticamente todos pertenecen a una élite académica. Escasa la presencia de regiones. Escasos los que estudiaron en la educación pública. Hay algunas sensibilidades con temas como el feminismo, los pueblos originarios o el medio ambiente, pero muy de minoría. Y cuando esas palabras se mencionan, lo hacen con cautela. No hay banderas de temas específicos, y aunque eso puede ser una ventaja en la discusión, es una distancia abismante de las materias que hace meses atrás parecían prioritarias.
“Si no se van a considerar las soluciones ofrecidas por la Convención Constitucional, muchas muy deficientes en lo técnico, la comisión experta debería al menos presentar propuestas alternativas para hacerse cargo de diagnósticos acertados que se identificaron en dicha Convención: reivindicaciones locales que la política nacional ha invisibilizado por años. Desconocerlas, puede ser una fuente de cuestionamientos para la nueva constitución, si no una sentencia de muerte”, advierte García-Huidobro.
Las edades de los expertos, uno de los pocos rasgos de diversidad, van entre los 36 y los 75 años. El más joven es el abogado socialista Flavio Quezada. El mayor, el ex ministro de la UDI Hernán Larraín. Y un dato etario extra: el 71% de los expertos nació después del golpe militar. ¿Impacta eso en un año en que se conmemora medio siglo de ese hecho?
Un dato: por la manera en que fue constituida, esta comisión experta repite el equilibrio político del Congreso. Como un “congresito” de gente que sabe.
Hay paridad en el comité. Eso hay que reconocerlo. El equilibrio entre hombres y mujeres -12 y 12, en este caso- ya se convirtió en un desde, al menos en las instancias constituyentes. No pocos hacen notar, en todo caso, que eso se exhibe hoy como un mérito, cuando en el proceso anterior ya era considerado algo evidente.
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Aunque no pronuncia esa palabra exacta, el director de Data Science-Unholster, Cristóbal Huneeus, también percibe un péndulo. “El proceso anterior fue de los movimientos sociales; el actual es de los partidos políticos. El anterior era básicamente por los medios de comunicación, todo transparente, público, sus sesiones todas grabadas; ahora estamos en el otro extremo: pocas sesiones, muchas secretas o sin audio. Eso ha hecho que el tema baje en la opinión pública, lo que me parece bien”.
El 6 de junio se hará la posta de trabajo entre los expertos y los 50 consejeros que se elegirán en mayo. Ese día les pasarán su anteproyecto constitucional, del cual ya se han ido aprobando las primeras normas. Para entonces, será vital qué tanto apoyo y legitimidad ciudadana tenga el texto experto. También influirá el perfil de los constituyentes que continuarán el trabajo hasta fin de año.
Mientras una buena parte del electorado aún no decide por quién votar -muchos incluso ni siquiera saben cuáles son los candidatos que van por su circunscripción-, un vistazo rápido a las listas deja claro que están cargadas a las caras políticas. Ex alcaldes, ex ministros, ex dirigentes de partidos. ¿Otra vez los mismos de siempre?
Si la distribución política de la próxima Comisión Constitucional resulta similar a la del Congreso, los analistas auguran menos debates álgidos sobre el texto propuesto. Lo que ocurra en mayo, entonces, definirá la mecánica de las próximas negociaciones constitucionales. Si en las elecciones hay sorpresas o desbalances muy marcados, como algunos también piensan, será más difícil prever la ruta. En medio de estas aguas movidas, los partidos no respiran tranquilos y hacen sus propias encuestas. Una de ellas, por ejemplo, mostró hace dos semanas que el Partido Republicano podría alcanzar entre 8 y 10 cupos. Encendió las alarmas. La última Criteria, por su parte, mostró una gran preferencia de voto por partidos “outsiders”, como el Partido De la Gente.
De la recuperación del afecto ciudadano, del reencantamiento de la gente, depende en buena parte la llegada a puerto y la legitimación de este proceso. Ésa debería ser una preocupación permanente.
Mientras una buena parte del electorado aún no decide por quién votar -muchos incluso ni siquiera saben cuáles son los candidatos que van por su circunscripción-, un vistazo rápido a las listas deja claro que están cargadas a las caras políticas. Ex alcaldes, ex ministros, ex dirigentes de partidos. ¿Otra vez los mismos de siempre?
“Podríamos terminar con un texto que no genere adhesión y legitimidad, y que en peor de los casos se rechace de nuevo, lo cual nos dejaría con una Constitución ya deslegitimada y sin agua en la piscina para un proceso nuevo. Y en el mejor de los casos, con un texto aprobado, pero que no lo quieren”, señala Mayorga.
Hay preguntas. Hay incertidumbre.
No hay que bajar la guardia.
Es tiempo de mantener los ojos bien abiertos.