“Son como padre e hijo. Lo más cercano que puede existir”, se comenta.
Cuando se pregunta en distintas filas de Chile Vamos por Sebastián Soto, el flamante vicepresidente de la Comisión de Expertos, hay un nombre que salta, invariablemente, en la conversación: el de Cristián Larroulet, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y jefe de asesores durante su segundo mandato.
“Sebastián Soto es Cristián Larroulet”, sintetizan las fuentes, sin exagerar. Esta relación se ha expresado en diversos espacios de poder a lo largo de los años, en los que Soto siempre ha cultivado un perfil callado y buenas relaciones en las huestes de la derecha.
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Hasta el 2010 Soto fue investigador de Libertad y Desarrollo, think tank ligado a la derecha más ortodoxa y del cual Cristián Larroulet es consejero. Cuando Sebastián Piñera llegó a La Moneda ese año, el hoy comisionado experto fue jefe de la División Jurídico Legislativa del ministerio Secretaría General de la Presidencia, cuya cabeza era Larroulet.
Una vez terminado el gobierno, hizo un doctorado en la Universidad de Chile, tras lo cual ingresó como académico a la Universidad Católica -donde había hecho el pregrado-. Su pasado político impuso un obstáculo cuando un grupo de profesores de la Facultad de Derecho vetó su contratación por haber participado en un gobierno bajo el cual se había aprobado la Ley Zamudio. Pese a estos contratiempos, sus nexos con el piñerismo siempre le dieron un espacio de poder capaz de sobreponerse a sus adversarios y de recibir algún favor. Finalmente, fue contratado por la casa de estudios.
En 2019 fue nombrado por Piñera en lo que las fuentes consultadas describen como “el mejor pituto que puede tener un abogado”: ser consejero del Consejo de Defensa del Estado. Los abogados consejeros del organismo trabajan media jornada, ostentan el cargo de forma indefinida y su remuneración oscila entre los nueve y once millones de pesos mensuales.
Con todo, sus lazos con la derecha ortodoxa y el piñerismo no dependen de cargos ni de espacios específicos de poder. No importa donde esté, igual es de los primeros que llaman cuando hay que solucionar problemas en la primera línea de la política. Constatación de esto es que, aunque estaba en el CDE y en la UC, fue el primer abogado al que Chile Vamos acudió cuando hubo que redactar el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución de noviembre del 2019. Soto, para ese mundo, se presenta como imprescindible.
Fuentes cercanas al gremialismo señalan que Soto destaca por su inteligencia, honestidad y rectitud, aunque no demoran dos segundos en dar cuenta que “obviamente no está en la Comisión de Expertos por eso, sino que porque Piñera y Larroulet confían con que no se va a arrancar con los tarros, porque les ha funcionado bien siempre”.
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En los sectores más duros de Chile Vamos no había duda de que el académico de la UC tenía que estar en el nuevo proceso constituyente. Lo que sí fue una sorpresa para muchos, fue que entrara ratificado por el Senado en cupo Evópoli y no de algún partido más tradicional, pues tiene una relación personal con la actual directiva de la UDI: fue compañero de universidad con Javier Macaya y María José Hoffman, y también es cercano al académico y ex embajador en Estados Unidos, Arturo Fermandois, de quien fue ayudante.
Desde Evópoli señalan que Soto no era un cuadro con fuertes nexos en el partido, aunque sí el año pasado había tendido lazos con el centro de estudios de la tienda, Horizontal.
En 2019 fue nombrado por Piñera en lo que las fuentes consultadas describen como “el mejor pituto que puede tener un abogado”: ser consejero del Consejo de Defensa del Estado.
Sobre su forma de trabajar, comentan que “no es un tipo ideológico, cerrado, ni macuco. Es mucho más abogado que político. Cuando se le plantea un problema, él va al análisis jurídico. Cuando Piñera lo tenía trabajando era bajo esa lógica”.
Eso lo dejó ver en sus palabras inaugurales en la sesión de instalación de la Comisión de Expertos, donde señaló a sus pares que “el objetivo es preparar un proyecto de Constitución que nos una, que sea justa, ojalá sin etiquetas, que sea una casa común, no partisana”.
En una columna de opinión publicada en El Líbero en enero del 2022, días después de que María Elisa Quintero y Gaspar Domínguez fueran electos para integrar la mesa de la Convención Constitucional, el hoy vicepresidente de la Comisión de Expertos planteaba la incógnita en relación al liderazgo que comenzaría a ejercer la nueva directiva: “En todo proceso constitucional hay arquitectos, constructores y los demás. Son los dos primeros los que cargan con la responsabilidad de escribir una nueva constitución. ¿Serán los recién electos arquitectos, constructores o ninguno de las anteriores?”. ¿Cuál será Soto?