En abril de 2022, Sara se enteró que estaba embarazada. A mitad de julio, cuando asistió a su primera Eco Doppler (entre las 12 y 16 semanas), el doctor tratante notó que el cromosoma 18 del feto estaba alterado, diagnosticándole Síndrome de Edwards y que su vida no era viable extrauterinamente.
“Mientras mi médico me decía todos los problemas con los que venía el bebé, yo ya estaba pensando en la Ley de Aborto. Él mismo me dio la opción de que me podía acoger a la ley, pero que tenía que hacerme unos exámenes genéticos para validar la causal”, recuerda.
El 29 de agosto fue la fecha programada para la intervención. Ingresó a una clínica de Antofagasta para realizar la interrupción de su embarazo por inviabilidad fetal.
Sara, según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, es una de las 4.254 mujeres que han accedido a la Ley 21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) entre 2018 y 2023, tanto en recintos públicos como privados. Su causal, de acuerdo a lo que establece la normativa, se puede efectuar si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, siendo la que presenta la mayor cantidad de intervenciones constituidas, alcanzando 2.070 casos.
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21 de agosto de 2017, calle Huérfanos, Santiago.
Abrazos, batucadas y lágrimas de felicidad a las afueras del Tribunal Constitucional (TC). Esa tarde marcó un día histórico para la lucha feminista en Chile: tras dos años de espera, el TC daba luz verde al proyecto de ley que despenalizaba el aborto en tres causales.
La Ley IVE, promulgada el 14 de septiembre, devolvió a las mujeres un derecho en materia de derechos sexuales y reproductivos, que fue arrebatado y penalizado en la dictadura militar. En 1989, se modificó el Código Sanitario, prohibiendo el aborto terapéutico (permitido desde 1939) y estableciendo en la Constitución que “la ley protege el derecho a la vida del que está por nacer”.
28 años después, la salud pública y privada debía garantizar el derecho al aborto, esta vez en tres causales: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y por resultado de violación.
Camila Maturana, directora de la Corporación Humanas, un centro de estudios y acción política feminista, plantea la ley como un híto clave en derechos sexuales y reproductivos en Chile. “Nos costó casi 30 años dejar de ser aquellos países en los que la criminalización es total. Salimos de ese grupo selecto que criminalizan el aborto en cualquier circunstancia. El estándar es un modelo de plazo, pero al menos pasamos a un modelo de causales”, dice.
Objeción de conciencia
Sara ingresó a las 21:00 a la sala de maternidad. Fue atendida por un matrón y esperó en la habitación a que se iniciara la inducción del parto con Misoprostol. Eso no pasó. “El matrón lo único que hizo fue recibirme, pedirme firmar el consentimiento para realizar el examen de Test de Elisa y ahí no lo vi más. Yo le preguntaba a las TENS y me decían que debía esperar a la mañana, sin mayor información”, cuenta.
Durante la mañana del 30 de agosto, una nueva matrona se acercó para iniciar la interrupción del embarazo y le administró pastillas de Misoprostol a través de dos vías. Horas después, su doctor tratante, y quien la derivó a la clínica, llegó a consultar por ella: “Cuando me encontré con mi médico le dije que había estado toda la noche sin que me hicieran nada. Él me respondió que por ese motivo fue a preguntar por mí y que le acababan de informar que el matrón que me atendió era objetor de conciencia y que por eso se debía el retraso”, recuerda.
Según cifras entregadas por el Ministerio de Salud, existen 5.294 objetores de conciencia en recintos públicos, 1.140 de ellos médicos obstetras. Respecto a los recintos privados, no existe una cifra oficial para los profesionales de salud, informándose solo que 7 clínicas son objetoras institucionales a nivel nacional.
“Existe una figura de la objeción de conciencia que casi no tiene fiscalización y existe, además, la figura de objeción de conciencia institucional, que es una aberración”, comenta Siomara Molina, coordinadora de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto. “No existe en ningún otro lugar del planeta y es francamente absurda, porque la conciencia es un atributo de los seres humanos, no de las instituciones. Por lo tanto, no tiene mucho asidero, tiene que ver solo con la intención de obstaculizar el aborto, más que cualquier otra cosa”, añade.
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Después de todo un día internada, a las 22:00 Sara comenzó el trabajo de parto en su habitación de la clínica. Estaba sola, cansada, con contracciones muy fuertes y en aumento. A las 00:30, logró expulsar el feto mientras se encontraba en el baño. Fue llevada a la sala de procedimientos para la realización del legrado uterino.
Fue dada de alta sabiendo que su interrupción voluntaria del embarazo había tenido falencias en su proceso. Contactó a la Corporación Miles, que promueve el derecho sexual y reproductivo de las personas, para contar su situación, descubriendo que a la objeción de conciencia se sumó, además, una irregularidad en la administración de las pastillas de Misoprostol, recibiendo una dosis mayor y fuera de los establecido por la normativa técnica.
Debido a las irregularidades detectadas, el 29 de noviembre de 2022, Miles presentó un reclamo formal en la Superintendencia de Salud. Recién en agosto de este año la entidad estableció que la clínica debía corregir la ficha de la usuaria sobre las horas de administración del medicamento y decretó que todo el equipo médico del recinto privado debe participar de capacitaciones anuales sobre la Ley IVE y sus procedimientos.
Cuando me encontré con mi médico le dije que había estado toda la noche sin que me hicieran nada. Él me respondió que por ese motivo fue a preguntar por mí y que le acababan de informar que el matrón que me atendió era objetor de conciencia y que por eso se debía el retraso.
Sara
Este caso es ejemplificador y pretendemos aplicar sus lecciones a todas las situaciones futuras que lleguen a nuestro conocimiento relacionadas con la objeción de conciencia. Estaremos vigilantes para asegurar que se apliquen las sanciones adecuadas en concordancia con la ley. Javiera Canales, de Miles, en un comunicado publicado el 10 de agosto de 2023.
Perspectiva de género
En septiembre de 2021, Laura fue a urgencias en un hospital de Puente Alto, para realizar una revisión de su embarazo de 10 a 12 semanas. Siete días antes había asistido a una consulta particular para un control médico: “Me dijo que era una cuestión amorfa, porque no se había formado nada y que se podía salir solo, pero que era mejor que fuera al hospital y que me lo sacaran”.
Recuerda que tenía muchos vómitos y que la hormona del embarazo, Gonadotropina Coriónica Humana (HCG), estaba muy alta y anormal para el periodo de gestación.
Al ingresar a urgencia en maternidad del hospital, Laura contó su situación a los médicos de turno, quienes le realizaron una transvaginal, notificándole que tenía un embarazo molar y debía quedar hospitalizada para un aborto, ya que su situación correspondía a la causal de inviabilidad fetal. “El doctor me dijo que era un embarazo molar, me explicó lo que era. Me pidieron firmar los papeles, pero no me explicaron nada más”.
Luego de 10 horas de espera, a las tres de la mañana, fue trasladada a un pabellón para realizar el procedimiento. Relata que en la sala había dos enfermeras, un doctor y entre cinco y seis estudiantes: “El doctor me indicó que estarían los estudiantes presenciando. Yo me asusté. Nunca me dijeron que ellos iban a estar, era algo súper personal y no quería que lo vieran otras personas”.
Tras la administración de la anestesia sufrió una crisis de pánico y sentía que no podía respirar. El personal médico le inyectó un medicamento que la durmió. Al abrir sus ojos, lo primero que vio, a contraluz, fue al doctor mostrándole el embrión extraído a los pasantes. La llevaron a la sala de recuperación y escuchó que una enfermera le comentó a una colega, en tono de burla, sobre la crisis de pánico que le había dado en el pabellón. Nuevamente se sintió vulnerada.
“Estoy a favor del aborto libre y seguro. Bajo ninguna causal, pero siento que cómo lo pasé yo, no debería pasarlo nadie. Que un doctor te diga que es una cosa amorfa, que otro te exponga sin tu consentimiento y que además se burlen de tu situación es horrible. No hubo ningún tacto, al menos en la atención que yo viví”, sentencia.
Según la Corporación Miles, en la situación de Laura ocurrieron dos negligencias: “una falta en la atención desde una perspectiva de género, que se puede mitigar conversando con la mujer, explicando lo que va a pasar, sepa el escenario en el que se va a encontrar, y que, además, dé su consentimiento. Esto es finalmente la diferencia de atender desde una perspectiva de género: que la paciente sea la que lidera su proceso en salud”.
Siomara Molina, de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto critica que no existe capacitación para los equipos de salud ni para la ciudadanía sobre la Ley IVE: “Se produce un cruce bastante perverso entre los equipos que no tienen la capacitación adecuada y, por otro lado, la población que tampoco tiene la información. Esto provoca una tremenda barrera en el acceso”.
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En enero de 2023, los ministerios de Salud y de la Mujer y Equidad de Género lanzaron el Manual de Fiscalización de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este se trabaja con una pauta que evalúa la red asistencial, la atención, la entrega de información, el consentimiento informado y la constitución de las causales.
María José Oyarzún, matrona que trabaja como referente técnico en la Oficina de la Mujer del Ministerio de Salud, manifiesta que el manual busca estandarizar el proceso de inspección: “Lo que estamos tratando con este Manual de Fiscalización es que la ley se cumpla, que no sea al lote, que no sea una parte que le conviene al hospital, que sea un procedimiento que sea completo y que garantice que no se vulneraron los derechos de las mujeres que estaban buscando la causal”.
Pese a este avance, el manual no recoge los antecedentes de personas gestantes rechazadas para una interrupción voluntaria del embarazo, no existiendo cifras al respecto.
Al abrir sus ojos, lo primero que vio, a contraluz, fue al doctor mostrándole el embrión extraído a los pasantes.
Además, para las organizaciones de la sociedad civil, este mecanismo de fiscalización no fue lo esperado, ni cumple con las demandas levantadas desde la implementación de la Ley IVE: “El manual únicamente se está implementando desde 2023, lo que ya es un retraso significativo y está diseñado de tal manera que solo aplica a la revisión de unos determinados antecedentes que hayan constituido la causal, cuando las principales falencias en la atención se originan en las etapas anteriores que dificultan o terminan impidiendo el procedimiento”, explica Camila Maturana, de Humanas.
Asimismo, para la elaboración del manual las organizaciones de la sociedad civil fueron consultadas, pero no necesariamente se recogieron las recomendaciones entregadas.
La amenaza
El miércoles 2 de agosto de 2023, 200 organizaciones de la sociedad civil, tanto en Chile como en el extranjero, hicieron pública una carta para defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y personas gestantes. Semanas antes, Luis Silva, consejero constitucional del Partido Republicano manifestó la intención de establecer restricciones en el ejercicio de la Ley IVE en la propuesta de Nueva Constitución que elabora el Consejo Constitucional. Mientras que Arturo Squella, presidente del partido conservador de ultraderecha afirmó que buscarán derogar la ley cuando sean mayoría en el Congreso Nacional.
La idea va contra lo defendido por muchos. De acuerdo con la última encuesta del Laboratorio Constitucional UDP y Feedback, sobre el proceso constituyente, más de 80% de las personas apoya la interrupción del embarazo en cualquiera de sus tres causales.
Frente a esta amenaza, Carolina Cisternas y Milena Meza, coordinadoras de las Observadoras de Ley de Aborto (OLA), mencionan que las organizaciones deben estar unidas: “Debemos defender lo mínimo, no se puede retroceder en esto (...). El Partido Republicano es antiderechos de mujeres, es peligroso pensar que pueda suceder algo parecido como en Estados Unidos con Donald Trump, donde hubo un retroceso en los derechos concretos. Sería lamentable”.
Pamela Valenzuela, vocera de la Coordinadora Feminista 8M, expresa que lo importante es que el movimiento que se vincula a los derechos sexuales y reproductivos esté de acuerdo en horizontes conjuntos: “Creo que es un consenso en el que no queremos que avancen los sectores antiderechos”.
Las organizaciones de la sociedad civil concuerdan en que la ley ha sido un avance en las decisiones sobre la autonomía y los proyectos de vida de las mujeres, permitiendo garantizar el acceso a un procedimiento legal y seguro.
De acuerdo con la última encuesta del Laboratorio Constitucional UDP y Feedback, sobre el proceso constituyente, más de 80% de las personas apoya la interrupción del embarazo en cualquiera de sus tres causales.
Ante una posible derogación de la ley, la preocupación actual es cómo evitar los retrocesos. La Corporación Miles denuncia que el Partido Republicano suele destacar la libertad, pero pareciera “no querer ni la libertad de las mujeres ni la libertad de las disidencias de las mujeres, que estas puedan tomar decisiones sobre sus proyectos de vida”.
Dentro de los próximos desafíos que presentan las organizaciones feministas es mejorar el acceso a la información sobre la importancia del aborto y sus garantías. Lo plantean como un derecho humano, defendido por diferentes organismos internacionales y que salva la vida de las mujeres. “Hay que poner esos argumentos para que la sociedad cambie y que la interrupción del embarazo pase a ser una prestación de salud más”, finaliza Carolina Cisternas de Observadoras Ley de Aborto.
*Los nombres de las protagonistas han sido modificados para resguardar su identidad.