Ensayo

Violencia de género y justicia patriarcal


Defenderse para no morir

La reciente absolución otorgada a Y.E.M.A., una mujer de Alto Hospicio que se defendió de su agresor tras años de violencia intrafamiliar, y las campañas iniciadas desde las redes feministas para pedir por el indulto presidencial a Katty Hurtado vuelven a poner en discusión esta pregunta: ¿cuándo llega la justicia para una mujer que se defiende para sobrevivir de la violencia intrafamiliar?

“¿Por qué razones una mujer de 34 años, sin antecedentes penales, que había estado casada y tenía un hijo en común con él, que luego de separarse trabajaba y estudiaba, finalmente mata a su ex?”, se pregunta Priscila González de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres.

Para Priscila y todas las redes feministas que analizan las violencias y los modos del sistema de justicia, una mujer que mata “por legítima defensa” a su agresor –que puede ser cónyuge, su conviviente o su ex-, es una que sabe que, si no lo hace ella, en cualquier momento podría perder su vida. Es un acto de sobrevivencia.

Según información de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2023 se registraron 134.116 casos policiales por violencia intrafamiliar: ocho de cada diez denuncias fueron ingresadas por mujeres y ocho de cada diez agresores identificados son hombres. Estos datos fueron integrados en el último dossier informativo de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las mujeres que recopila los datos de 2023-2024.

Katty Hurtado Caamaño ha cumplido seis de los veinte años a los que fue condenada por matar a su ex pareja. Katty conoció a Richard Aravena Jara en un colegio de Calama. Iniciaron una relación amorosa en la que convivieron y se separaron más de una vez. Katty quedó embarazada y volvió a vivir con su familia un tiempo hasta que retomaron la relación con Richard. Al tiempo, ya con un hijo de 14 años se separaron definitivamente. Richard le dejó de pagar la pensión de alimentos. 

Katty siempre ha vivido en Calama. Su familia es de allá. Es muy apegada a ellos, a sus hermanos y sobrinos. Comenzó a estudiar administración de empresas, justo en este período, porque le interesaban los negocios. Siempre tuvo emprendimientos, su propia fuente de ingresos. 

Unos años después de la separación, Richard la contactó por un negocio en común que tuvieron. Hablaron, se juntaron en la casa de él.

Era mayo de 2018. Durante ese re-encuentro, Richard fue asesinado. 

―Lo maté para defenderme.

A los días, Katty declaró voluntariamente en el Ministerio Público. Dijo que él había intentado violarla. 

Katty está detenida en la cárcel de Tocopilla, Antofagasta. Denunció que, en la detención, fue abusada sexualmente por dos hombres vestidos de gendarmes que luego la golpearon hasta dejarla inconsciente. El sumario interno fue cerrado sin sanciones. La investigación judicial no ha tenido avances. 

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A fines de agosto, una mujer reconocida por sus iniciales como Y.E.M.A fue absuelta por el Tribunal de Iquique, en la región de Tarapacá. Fue acusada por haber matado a su pareja en un contexto de violencia intrafamiliar. Los tres jueces reconocieron que la mujer actuó “por legítima defensa” frente a sucesivos episodios de violencia, una conducta habitual cuando el hombre llegaba ebrio a la casa.

La reciente absolución de Y.E.M.A es un respaldo para Katty y para otras mujeres que han decidido defenderse. Es una insistencia para que los tribunales no dejen de mirar qué hay detrás de la decisión de estas mujeres.

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“Se aprobó nuestra resolución para solicitar el indulto para Katty Hurtado. Con 83 votos a favor, queda en evidencia apoyo transversal. Katty está presa por haberse defendido de su agresor, en un juicio sin perspectiva de género. Katty estamos contigo!”, tuiteó a mediados de agosto la diputada frenteamplista, Camila Rojas. 

Después de que la Corte Suprema ratificara la condena contra Katty de 20 años por parricidio -que es el delito asociado a dar muerte al padre, la madre, hijes o con quien la persona haya mantenido una relación de cónyuge o conviviente-, se agotaron las instancias judiciales nacionales.

El de Katty es un símbolo de un caso de género que no encuentra respuesta en el sistema de justicia chileno.

Además de ser visibilizado por la agenda de los feminismos ha impactado en la familia judicial: la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Chile llevó el caso hace un año a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero esto puede ser tan tardío como ocurrió con el lonko Pascual Pichún que murió encarcelado un año antes del fallo de la CIDH, en 2014, contra el estado chileno por criminalizar las demandas indígenas. 

Precisamente, la abogada de derechos humanos que ha llevado causas mapuche, Karina Riquelme, revive este último caso judicial.

“Hay situaciones que requieren una solución rápida, para que generen un resultado eficaz como sucede, por ejemplo, con las prisiones injustas. Nos encontramos en un momento donde las violaciones a derechos humanos aumentan más rápidamente que las capacidad de la comisión para sustanciar los casos”, advierte. 

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Después de cuatro meses de haberse presentado la solicitud de indulto presidencial por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el Ejecutivo abordó el tema en una vocería realizada en mayo de este año. En La Moneda, subrogando a la vocera de gobierno, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, explicó que el caso de Katty Hurtado incluye antecedentes que prueban “la violencia de género a la que habría sido expuesta, las circunstancias de abuso en las cuales también habría vivido y la falta de enfoque de género en el proceso judicial que se llevó adelante”.

El indulto es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. La decisión está en manos del presidente Gabriel Boric, quien al otorgar un indulto puede extinguir su responsabilidad penal de manera parcial o total de la persona que ha sido condenada. Actualmente el indulto de Katty Hurtado está siendo revisado por el Ministerio de Justicia. No hay fecha estimada para saber su resultado, porque los indultos no tienen un plazo definido. Cada gobierno fija sus criterios, de acuerdo a razones humanitarias, por ejemplo.

Los llamados para acoger el indulto no sólo se han hecho desde el país. También lo hizo a través de una declaración el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, una instancia autónoma que funciona a nivel regional. La legítima defensa y la violencia hacia las mujeres es la primera recomendación que hace el Comité. Mónica Maureira, su representante en Chile, afirma que esta declaración le recuerda a los 32 estados que han ratificado la Convención, que este es un tema recurrente. “Es un factor de riesgo porque la violencia hacia las mujeres, especialmente la intrafamiliar, es la más prevalente”, sostiene. 

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¿Cuántas mujeres se han defendido como Katty Hurtado? ¿Cuántas han querido hacerlo? ¿Cuántas lo han evitado? ¿Qué las ha frenado? 

Según el último Informe de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), de 2020, un 48,9% de las chilenas que vivieron violencias machistas no cree que sirva denunciar o denunció previamente y “no pasó nada”.

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La condena de Katty Hurtado ¿consideró su historia pasada? ¿Su contexto? ¿Su situación económica? ¿Su apoyo familiar, de sus redes? ¿El miedo de llegar a la casa todos los días? ¿El miedo por la violencia hacia sus hijos? 

“Detrás de la condena a una mujer que mató a su agresor hay una justicia que no consideró los factores necesarios para calificarla de víctima”, dice Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Fue una condena que la hizo pasar de ser víctima a victimaria, donde los factores anteriores han quedado velados por el sesgo. 

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Karina Sepúlveda vivió por dieciocho años con Claudio Reyes, el mismo tiempo durante el cual recibió maltratos físicos y psicológicos: golpizas, ataques con armas cortopunzantes, incluso, latigazos.

Su abogada de entonces, Ximena Silva, cuenta que su ex pareja generalmente dormía con una pistola debajo de la almohada, tenía vínculos con narcotraficantes. Era el padre de sus tres hijos. Vivían en Puente Alto.

Ella comenzó a acompañar a sus padres feriantes a vender. Eso intensificó la violencia cuando llegaba a la casa. Hasta que Karina no soportó más. Lo mató mientras dormía. El día previo había sido decisivo: el hombre golpeó a su hijo menor durante una discusión en la casa. 

Sin embargo, este hecho no fue considerado jurídicamente una “legítima defensa” porque Karina no estaba siendo agredida al momento de disparar a su cónyuge. Era octubre 2011, y ella tenía 34 años. Pasó un año en la cárcel de San Miguel después de haberse entregado a la justicia con numerosos moretones a la vista, aunque no parecían lesiones graves. Sin embargo, el examen médico reveló una fractura de mandíbula de varios años de antigüedad. Durante su juicio, un número significativo de testigos avaló esto. 

Karina Sepúlveda fue la primera absuelta por la Ley de Femicidio, de 2010. La ley considera precisamente esta condición de víctima de la mujer como móvil principal de esta agresión contra su conviviente o cónyuge, eximiéndola de su responsabilidad penal. 

Sin embargo, enfrentó dos juicios el mismo año 2013. La justicia falló a su favor en el primero. Luego, este fue anulado a partir de un recurso presentado por el Ministerio Público. Y en el segundo, el tribunal volvió a ratificar la decisión del primero: fue absuelta definitivamente. 

“Jurídicamente es muy complejo exculpar a alguien que mata a otro mientras duerme. Si lo miras en frío, uno diría no, no hay razón, porque no está atacando, lo lógico es la condena, pero para entender lo que pasó, se sumó toda su historia de violencia intrafamiliar previa, fueron a declarar los testigos, que veían que este hombre la golpeada”, explica Silva. 

En junio de 2013, la periodista Ana María Guerra, del diario La Segunda, entrevistó a Karina Sepúlveda tras su absolución por parricidio. Comenzó preguntándole por la razón de haber esperado a que su ex cónyuge estuviera dormido para dispararle y por qué no se defendió mientras la agredía.

“Yo creo que él me hubiese matado. Por eso todas las noches doy gracias a Dios, porque no fui una de las mujeres que han muerto a manos de sus parejas”, le  respondió Karina.

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En Chile hay dos casos de indultos otorgados a mujeres que mataron en legítima defensa: Juana Candia y Ercira Soto.

Diez años y un día: esa fue la condena que recibió Juana Candia luego de acuchillar a su esposo, a sus 31 años, y luego de una vida de maltratos. Se entregó a la policía. Sus hijos fueron llevados a hogares de menores y de familiares. La estrategia de los movimientos sociales que apoyaban el caso de Juana fue clave: se acercaron a Marta Larraechea, esposa del presidente Eduardo Frei- Ruiz Tagle, la sensibilizaron sobre el tema. Ella le entregó los antecedentes al presidente para que solicitara el informe al Ministerio de Justicia. El indulto se le otorgó en enero de 1998.

La historia de Ercira Soto también incluye maltratos por parte de su cónyuge. Vivían en San Rafael de Calbuco, en la región de Los Lagos. Los episodios de violencia llegaron a tal punto que el agresor ingresó al domicilio en común con un hacha, pero ella se defendió dándole muerte con esta herramienta. Era agosto de 2006. Ercira fue procesada por parricidio, siendo condenada a quince años en la cárcel de Puerto Montt. Sus tres hijas respaldaron la versión del maltrato. Cumpliendo su condena, le diagnosticaron cáncer cérvico-uterino. Ercira se encontraba postrada en el Hospital de Puerto Montt. Su cáncer se encontraba en etapa avanzada. Ese fue el motivo para pedir el indulto presidencial. Por razones humanitarias, el Ministerio de Justicia estuvo por concederle el indulto. Los tres años que restaban de su condena los cumplió en arresto domiciliario. Con 78 años, Ercira recibió el indulto en el gobierno del presidente Sebastián Piñera. 

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En su libro “Las Homicidas”, su autora Alia Trabucco recopila un historial de casos en los que las mujeres han matado a hombres. Respondiendo a diferentes épocas, sus homicidios fueron vinculados por la prensa a causas como “los celos”, “el delirio”, “la pasión”. 

La autora dice que hay rabia en ellas, que eso las impulsa a cometer el crimen. La rabia como una acción política, como la manifestación de la indignación frente a los ataques que reciben las mujeres. 

La rabia las moviliza a defenderse.  

Es más fácil imaginar una mujer muerta que una mujer que mata", ha dicho Trabucco.